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Reseña de la Historia de Chile Reciente(1)
La historia de Chile en los últimos 40 años ha estado marcada por una serie de acontecimientos que resultan coyunturales frente al proceso de larga duración que reviste la conformación y desarrollo del Estado Nacional Republicano.
Durante la década de 1960, nuestro país vivió lo que se ha definido como “el periodo de los tres tercios” en que, los sectores de derecha, centro e izquierda manifestaron proyectos políticos tan disímiles que fue imposible conciliarlos en un propósito concreto que diera cuenta de lo que estaba ocurriendo en el país y que, por cierto, también fuera una alternativa viable para el desarrollo del país. Las coaliciones que se formaron una y otra vez no fueron capaces de afrontar este desafío sencillamente porque fueron coaliciones tan débiles que no tenían un proyecto concreto fundamentado en la alianza ideológica y política que se requirió.
Mientras la derecha mantenía un poder económico relevante, la izquierda en oposición levantaba las banderas de lucha de las clases sociales más desposeídas. Las fuerzas armadas consagraron su papel de garantes de los intereses de la derecha formando un conglomerado que ahora contaba con el rol militar para las filas de esta parte de la política. Por primera vez en la historia nacional estos actores ya no sólo permanecían en los cuarteles sino que, demostrando su fuerza, apoyaron por ejemplo la represión a los campesinos que luchaban por la Reforma Agraria. La izquierda en tanto, cumplía el rol de apoyo activo a los más pobres, formulando un proyecto socialista tendiente a terminar con las enormes diferencias sociales existentes. Así en 1965 surge el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), quizá el movimiento más emblemático en esta etapa del proceso nacional. No sólo tuvo un discurso crítico a la sociedad y a la diferencia de clases, sino que actuó como tensor en los conflictos de este tipo, imbuyéndose en las poblaciones marginales, provocando desestabilización en el gobierno y provocando un nuevo debate acerca de cuán importante es la lucha de clases en la construcción de un país que décadas antes había caído en manos de la derecha.
Los partidos políticos de centro se desintegraban a la vez que se construían otros a partir de los pedazos que quedaban de ellos: de la antigua Falange Nacional surgió la Democracia Cristiana y con ella la necesidad de proponer una vía distinta a las de los extremos para guiar el país. Eduardo Frei Montalva fue elegido presidente, prometiendo llevar a cabo reformas en el campo y la ciudad que permitieran el desarrollo sustentable y parietario de todo el país. Sin embargo, este desarrollo se vio interrumpido por los constantes hostigamientos por parte de la derecha extrema y los militares que veían en estos avances un “peligro para su estabilidad y seguridad”.(2)
Cuando en el año 1970, fue electo presidente Salvador Allende, estos tres tercios debieron realizar nuevamente una alianza ya que ninguno de los tres podía por sí solo llevar hasta La Moneda a ninguno de sus candidatos. El margen de triunfo de la futura Unidad Popular fue estrecho, lo que incluso provocó en algunos sectores de la derecha más radical resquemores que hablaban de cohecho o elecciones viciadas. De este modo, las elecciones tuvieron el siguiente resultado sin contar los votos en blanco o nulos
Unidad Popular |
Salvador Allende |
1.070.334 |
36,6 |
Partido Nacional |
Jorge Alessandri |
1.031.159 |
35,3 |
Democracia Cristiana |
Radomiro Tomic |
821.801 |
28,1% |
Como se puede apreciar en la tabla anterior sólo un 1% separó al presidente Allende de su más cercano contrincante, el derechista Jorge Alessandri en las elecciones del 4 de septiembre de 1970.
El 7 de octubre, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, debió firmar con la Democracia Cristiana un Pacto de Garantías Constitucionales en un ambiente beligerante y de gran inquietud, especialmente por la antagonismo de los sectores en pugna: la Unidad Popular, el Partido Nacional, una Democracia Cristiana debilitada por su reciente escisión y un sector de extrema izquierda, el MIR; que se estaba definiendo por sus acciones armadas. El Pacto contemplaba los siguientes puntos fundamentales en la vida política y social del país: plena vigencia del Estado de Derecho; mantenimiento del ejercicio de la autoridad a través de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y preservación de su autonomía; libertad de expresión; mantenimiento de la organización y el funcionamiento independiente de los partidos políticos; preservación de la libertad de reunión, asociación y circulación; respeto a la autonomía de los sindicatos, juntas de vecinos y otras formas de organización popular; mantención del carácter pluralista y democrático de la educación primaria, secundaria y superior; consideración de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile como únicos garantes de la convivencia democrática y custodios de la seguridad nacional; respeto y mantenimiento de su estructura orgánica, jerarquías, sistemas de selección, requisitos y normas disciplinarias, asegurándoseles, además, el equipamiento necesario para resguardar el orden público y mantener la seguridad nacional, no pudiendo el gobierno destinar parte de su presupuesto a la formación de fuerzas armadas paralelas ni tampoco reorientar las actividades de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros hacia otras ajenas a su función específica.
“Debido a que Allende obtuvo un porcentaje de votos inferior al requerido, el Congreso debió ser quien lo confirmara como Presidente de la República, el 27 de octubre, con 153 votos a favor. El 3 de noviembre, asumió la presidencia de Chile comprometiéndose a cumplir con el programa de gobierno que había propuesto al electorado. Este programa, basado en un ideario que se denominó “socialismo en libertad”, estaba centrado en la necesidad de disolver las estructuras del subdesarrollo en el marco institucional democrático, por medio de la utilización plena de los recursos e instalaciones ociosas o subutilizadas, con el objeto de asegurar la satisfacción de las necesidades de toda la población, sin exclusiones”.(3)
En el plano político social, uno de los primeros sucesos que debió enfrentar el gobierno del presidente Allende, fue el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, el 22 de octubre de 1970. Este acontecimiento llevó al General Carlos Prats González, a hacerse cargo de la jefatura de las fuerzas armadas. Algún tiempo después, el 8 de julio de 1971, un segundo asesinato, esta vez del ex Ministro del Interior y ex Vice Presidente de la República, el demócratacristiano Edmundo Pérez Zujovic, marcó el inicio de la oleada de violencia en que se vio sumergido el país con el consiguiente debilitamiento de las frágiles relaciones entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular.
En marzo de 1973, la Unidad Popular obtuvo el 43,49 % de las votaciones en las elecciones parlamentarias, con lo que se esperaba agilizar el desarrollo de los programas de gobierno, especialmente en lo concerniente a las estatizaciones, puesto que se enfrentaba a una creciente presión de los sindicatos. Por otra parte, la oposición sumada obtenía el 56,51 % de los sufragios restantes. La Unidad Popular había gobernado con una minoría en el Senado, lo que condujo al presidente a operar con vetos al Congreso y mediante decretos con fuerza de ley, puesto que éste había impugnado sistemáticamente sus ministros hasta el punto de hacer casi flaquear el gabinete presidencial en abril de 1972.
Los disturbios, huelgas y movilizaciones generalizadas de octubre de 1972, que incluyeron a profesionales, estudiantes y obreros de casi todos los sectores de la actividad del país, motivaron al gobierno a formar, el 2 de noviembre, un gabinete cívico militar presidido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Carlos Prats, quien asumió la cartera del Interior. Las primeras medidas de este gabinete estuvieron centradas en la restitución del orden público y en lograr el abandono de la huelga en un plazo no superior a las 48 horas, de modo de iniciar conversaciones conducentes a la resolución de los conflictos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda, ante el desabastecimiento de artículos de toda especie y la aparición de un creciente mercado negro que se afirmaba en el acaparamiento de los mismos, propició la creación de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) organizaciones vecinales destinadas a cooperar con la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) la que, a su vez, fiscalizaba la acción del comercio. Las JAP fueron duramente criticadas no sólo por la oposición, sino también por sectores de gobierno, acusadas de acciones ilegales tales como participar del mercado negro y de arrogarse funciones que por ley sólo correspondían a DIRINCO.
Precisamente estas huelgas generalizadas llevó al país a un clima en que la posibilidad de gobernar se hacía insostenible; las fuerzas armadas ya estaban preparando su ataque al gobierno constitucionalmente elegido y aparecía la figura del General Pinochet como uno de los principales gestores de esta nueva mirada que la institución castrense tenía respecto del país. Como decíamos en un comienzo, los militares ya no sólo estaban conformes en sus cuarteles, sino que ahora aparecían como actores políticos desestabilizadores porque sus intereses estaban en juego en tanto estaban vinculados a los poderosos empresarios de derecha y a los intereses internacionales, particularmente a los estadounidenses que, viendo que Chile avanzaba en un Socialismo en Libertad, la Doctrina de Seguridad Nacional se hacía cada vez más necesaria en el último país del continente. En el mes de junio de 1973, se llevó a cabo por primera vez un intento por derrocar al gobierno de la UP.
Ante el frustrado intento de golpe de Estado del 29 de junio, conocido como “El Tancazo", el presidente Allende pidió al general Prats que asumiera nuevamente el cargo de ministro del Interior y que reorganizara un gabinete cívico militar; tarea que no pudo cumplir porque las Fuerzas Armadas se negaron a participar en el gobierno. Mientras tanto, para la ciudadanía se hacía evidente que el país enfrentaba el serio riesgo de un golpe de Estado.
En agosto de 1973, el cardenal Raúl Silva Henríquez intentó, sin éxito, lograr un entendimiento entre la Democracia Cristiana -que ya había abandonado su alianza con el gobierno luego del fracaso en las elecciones parlamentarias de 1971- y el gobierno, que llevara a la pacificación de los ánimos. Patricio Aylwin Azócar, dirigente de la DC, rechazó la propuesta de Salvador Allende, de crear un gabinete que satisficiera a su propio partido, por considerarla una maniobra dilatoria. Por su parte, la propuesta de Aylwin, también fue rechazada por la UP, ya que implicaba la sumisión del Presidente de la República al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Ante el fracaso en las negociaciones, Allende convocó a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al director de Carabineros para conformar un gabinete que denominó “de seguridad nacional” y que asumió funciones el 9 de agosto de 1973. Tres semanas después, los comandantes en jefe presentaron al presidente sus expedientes de retiro de las Fuerzas Armadas. Allende nombró nuevos comandantes en jefe en el Ejército y la Aviación: Augusto Pinochet Ugarte y Gustavo Leigh Guzmán, respectivamente. El 11 de septiembre de 1973, encabezaban el golpe de Estado o pronunciamiento militar que daba fin al gobierno de Salvador Allende y a la experiencia de un socialismo en libertad.
El proceso que siguió después de este 11 de septiembre se ha denominado dictadura militar o gobierno burocrático autoritario(4). El 11 de septiembre de 1973 se constituye una Junta de gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet e integrada por el general Gustavo Leigh, el almirante José Toribio Merino y el director general de Carabineros César Mendoza. En un principio la dirección de la Junta sería rotativa entre sus miembros, pero este acuerdo desapareció en diciembre de 1974 cuando el general Pinochet se autotituló Jefe Supremo del Gobierno, es decir, Presidente de la República, delegando el poder legislativo a la Junta de Gobierno. En 1978, fue removido el general Leigh y sustituido por el general Fernando Mathei. El general Mendoza renunció como miembro de la Junta y como director de Carabineros en 1985.
Entre las primeras medidas tomadas por la Junta estuvo la dictación de sucesivos “bandos”, a través de los cuales fueron declarados el estado de sitio, el toque de queda, la censura de prensa, la disolución del Congreso, el receso de los partidos políticos y la prohibición de toda manifestación opositora al nuevo gobierno. Además, se suprimió la Constitución de 1925 y se la sustituyó por Actas Constitucionales. En 1980, fue dictada una nueva Constitución, o “Constitución del ochenta”, sometida a plebiscito ese mismo año, que rige al país hasta la actualidad, salvo ciertas reformas llevadas a cabo por los gobiernos democráticos posteriores a 1990.
A partir del 11 de septiembre de 1973, el Régimen de Facto comenzó una política de persecución contra miembros del gobierno depuesto y sus simpatizantes. Fueron conminados a presentarse en el Ministerio de Defensa los miembros del gobierno del presidente Allende, sus ex ministros, dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y otros, así como miembros de las Fuerzas Armadas leales al gobierno derrocado, bajo amenaza de prisión por desacato. Se organizaron cárceles en los cuarteles militares y campos de concentración en varios puntos del país, siendo los m s importantes: “la Isla Dawson, ubicada en el Estrecho de Magallanes; el Estadio Nacional, que cobijó aproximadamente tres mil detenidos, y el Estadio Chile, ambos en la ciudad de Santiago. Otros campos de concentración fueron Tres y Cuatro Alamos, Villa Grimaldi, Tejas Verdes, Ritoque, Melinka, Chacabuco y Piragua”(5), situados en diversos puntos del país, también cuarteles secretos como Londres 38, José Domingo Cañas 1367, Nido 18 y Nido 20. Entre los cuarteles militares, se cuentan el Regimiento Tacna y la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile. En estas prisiones los detenidos fueron sometidos a torturas sistemáticas; algunos fueron asesinados, otros partieron al exilio; otros constituyen el ingente corpus de los detenidos desaparecidos. El Régimen instituyó el Servicio Nacional de Detenidos (SENDET); sin embargo, no entregaba información al público, puesto que se trataba de una repartición secreta cuya finalidad se ignora.
A poco de iniciarse el Régimen Militar, se organizó un aparato represivo dependiente del Ejército de Chile, denominado Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), bajo el mando del General Manuel Conteras Sepúlveda. Este organismo sería el responsable de llevar a cabo las prácticas de intimidación y tortura contra los civiles sospechosos de oposición al Régimen. Presionado por el escándalo internacional y las órdenes de extradición para Manuel Contreras por el homicidio en los EE.UU. de Orlando Letelier, ex ministro de Relaciones Exteriores de la UP, el Ministerio de Justicia declaró la amnistía para todos los casos de violación de los derechos humanos acaecidos entre 1973 y 1977. Así mismo, disolvió la DINA y creó, en su lugar, la Central Nacional de Información (CNI), bajo el mando del general Humberto Gordon, cuyos miembros, prácticas y procedimientos eran prácticamente los mismos de su antecesora.
Se estiman en veinte mil los civiles muertos durante 1973, en tres mil los militares. Hacia 1988 se calculaba un total de 155.000 casos de violaciones derechos humanos y de 2.400 detenidos desaparecidos a lo largo del régimen militar.
Otro organismo de inteligencia dedicado a la represión ciudadana fue la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), sindicada como responsable de las muertes de tres profesionales comunistas, o «caso degollados», que motivaron la renuncia del general César Mendoza a sus cargos de Miembro de la Junta de Gobierno y de Director General de Carabineros. Al amparo de la CNI y de la DICOMCAR, funcionaron varios grupúsculos formados por agentes de la CNI y oficiales del Ejército y de Carabineros, dedicados al amedrentamiento y homicidio impune en vastos sectores de las poblaciones marginales; entre ellos, el “Comando 11 de septiembre”, especializado en ataque a poblaciones marginales, y “Los Gurkas”, especializado en el ataque contra manifestaciones callejeras.
Los principales organismos que dedicaron todos sus esfuerzos a la defensa de los derechos humanos, fueron la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dependiente de la ONU, y la Iglesia Católica, que a través de la Vicaría de la Solidaridad, prestó ayuda legal y humanitaria a los detenidos y sus familiares. A través de los documentos “Reconciliación en la Verdad”, emitido en el marco de la Conferencia Episcopal de 1985, y “Felices los constructores de la paz”, previo a la visita Papal de 1987, los obispos cuestionaron la militarización de la vida civil y la violación de los derechos humanos, invitando a los responsables a la contrición, la declaración pública de sus crímenes y a la reparación del daño causado, así como a erradicar la violencia y las diversas formas de marginalidad acrecentadas por el sistema económico y social del Régimen: pobreza, alcoholismo, drogadicción, prostitución, tortura y exilio.
La proscripción de los sindicatos y las políticas laborales del Ministerio del Trabajo, expresadas en el documento “Plan Laboral” redactado por el Ministro José Piñera, que entregaba a los empresarios el control de las relaciones obrero-patronales, generaron el clima ideal para la reducción drástica de los ingresos de los trabajadores. Por otra parte, y ante el aumento descontrolado del desempleo que alcanzó al 50 % en el sector rural y al 30 % en la Región Metropolitana, el gobierno creó dos programas de empleo, el Programa de Empleo Mínimo y el Programa de Ocupación de Jefes de Hogar.
En 1983 las cifras de distribución de la riqueza indicaban que el veinte % de la población se repartía el 71 % del total de los ingresos; la pobreza se estimaba en un 45 %, de los cuales un diez % se encontraban en la miseria crítica y un 25 % en la indigencia.
El sector educación sufrió graves reveses, al disminuir drásticamente la matrícula con cifras ilustrativas: en 1973 la matrícula total de la educación básica fue de 2.324.883 niños y en 1987, fue de tan sólo 2.007.503, lo que significa una merma de 1,16 millones, considerando el aumento de la población. La educación superior, por su parte, pasó de 16,4 % en 1973 a 12,6 % en 1986. Mientras la educación superior otorgada por las universidades estatales era privatizada con miras al autofinanciamiento, parte de la administración de la educación básica era municipalizada. Así mismo, la principal casa de estudios del país, la Universidad de Chile, cuyo Rector había sido sustituido por personeros de las Fuerzas Armadas, era desmembrada, independizando sus sedes provinciales.
En el sector seguridad social, el Gobierno Militar reorganizó el sistema de pensiones creando en 1981 las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades privadas en las cuales el trabajador impone según su capacidad y propia responsabilidad. Poco después, sustituyó los aparatos de salud Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA) y Servicio Nacional de Salud, por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), y por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), respectivamente, que operan como seguros médicos según el modelo de las AFP.
En la medida en que el régimen militar se afianzaba en el poder, la izquierda desarticulada y la Democracia Cristiana se reorganizaban en el exilio y dentro del país, para constituir una oposición al gobierno, apoyados por algunos gobiernos extranjeros, principalmente europeos, que rechazaban al régimen golpista. A través de este movimiento, conocido como Solidaridad con Chile, se captaban fondos para subvencionar a diversos Organismos No Gubernamentales (ONG), que prestaban ayuda social y humanitaria, realizaban investigación en el campo de las ciencias sociales, y actuaban en el ámbito de los derechos humanos.
A partir de 1983, aprovechando cierta flexibilización por parte del gobierno, se fue generando en la población un movimiento social de resistencia éste, principalmente debido a la pauperización creciente de la clase media y de los sectores m s desposeídos. Su principal expresión fueron las manifestaciones callejeras, inicialmente protestas pacíficas pero que se tornaron violentas en la medida en que el gobierno respondía con la represión de la fuerza pública. Otro mecanismo de rechazo popular al régimen fue el golpeteo de ollas al anochecer, el cual envolvía las ciudades del país en un ruido ensordecedor.
Mientras tanto, la oposición política, encabezada principalmente por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que a partir de 1979, había comenzado un proceso de renovación ideológica, producto de las experiencias vividas, fueron esforzándose progresivamente por resolver la problemática por vías pacíficas. Finalmente establecieron una alianza con otros partidos políticos menores para impulsar el retorno a la democracia, a través de la llamada “campaña por elecciones libres”.
Todas estas acciones llevaron al gobierno a anunciar elecciones para 1989, pero previamente, el 5 de octubre de 1988, se realizaría un plebiscito popular para determinar si el país quería o no extender el período presidencial de Pinochet. Si la voluntad popular indicaba se manifestaba por la negativa, el general Pinochet mantendría la presidencia hasta marzo de 1990, fecha en la que pasaría a desempeñarse únicamente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1998. El pueblo debía votar, por un “sí” o un “no” al general Pinochet. La derecha apoyó la candidatura de Pinochet, en lo que se conoció como “continuismo”; la oposición, por su parte, se agrupó en la Concertación de Partidos por la Democracia (“la Concertación”) constituida por los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Demócrata Social, la Alianza Humanista Verde y el Partido Por la Democracia (PPD). Los resultados del plebiscito, que fue observado por enviados de las Naciones Unidas, otorgaron el triunfo al “no”, que contó con un 55 % de los sufragios.
Tras el fracaso de Pinochet, la derecha se reorganizó políticamente. Sus principales agrupaciones fueron los partidos Renovación Nacional (RN) de centro-derecha, que sustituyó al antiguo Partido Nacional; la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el nuevo partido de centro derecha, de carácter populista, la Unión de Centro Centro (UCC).
A las elecciones, efectuadas el 11 de diciembre de 1989, se presentaron tres candidatos: Hernán Büchi, ex ministro de Economía del general Pinochet, Francisco Javier Errázuriz, fundador de la Unión de Centro Centro, y Patricio Aylwin Azócar, representando a la coalición Concertación de Partidos por la Democracia
El gobierno del presidente Aylwin, cuyo gabinete se constituyó con políticos de la Concertación, se basó en cuatro principios fundamentales: continuidad del modelo económico instaurado por el gobierno militar, puesta en marcha de las instituciones democráticas, promoción de la justicia social y logro de la reconciliación nacional.
Con el retorno a la democracia, el país gozó nuevamente de la confianza internacional que le permitió la obtención de nuevas líneas de crédito y programas donaciones, así como un nuevo crecimiento del comercio exterior; así mismo, se renovaron los esfuerzos por mejorar el comercio con los países asiáticos. Así mismo, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el gobierno logró acuerdos bilaterales con México, Argentina, Bolivia y Venezuela para desarrollar un programa de rebajas arancelarias puesto en marcha en junio de 1991, e inició conversaciones con Colombia y el Brasil para el mismo propósito. Por otra parte, el gobierno inició la construcción de un oleoducto entre Argentina y Chile que uniría las ciudades de Neuquén y San Vicente, respectivamente. Así mismo, inició las conversaciones con esa República para la construcción de un gasoducto que proveer a Chile de gas natural para consumo urbano e industrial.
Por otra parte, el gobierno logró postergar el vencimiento de los pagos de la deuda externa, que en 1991 alcanzaba a los 18.000 millones de dólares, y creó una serie de Bonos que fueron vendidas a un Club de Bancos extranjeros por un monto de 320 millones de dólares.
Al finalizar su mandato, el Producto Geográfico Bruto (PGB) había crecido en un 10,4 %, las exportaciones habían crecido un 12,3 % real y la inflación se había reducido a un 12,7 % anual en oposición al 39 % heredado del r,gimen militar. Por otra parte, el gobierno se esforzó en impulsar el ahorro nacional, lográndose en este sentido una tasa de ahorro del 18,7 % del PGB, mientras que el ahorro total nacional de la década de los ochenta no superó el 9,5 % del PGB. Así mismo, el gobierno cerró con un superávit en la balanza de pagos equivalente a 2.500 millones de dólares, en tanto que la inversión en capitales fijos había crecido hasta llegar a un 23,3 % del PGB, de los cuales el 5 % correspondió a inversión pública, el 14,8 % a la empresa privada y el 3,5% restante a inversionistas extranjeros. Por su parte, el empleo había descendido a menos de un 5 %, el salario mínimo había ascendido a un 27,8% y se había rescatado de la extrema pobreza y de la marginalidad a un total de 700.000 pobres. Sin embargo, a pesar de estas cifras alentadoras, la distribución de la riqueza continuó siendo desfavorable para aproximadamente un tercio de la población.
Chile y el “problema” de los Derechos Humanos.
Hemos utilizados comillas para denotar el concepto de Problema en el tema de derechos humanos, pues la mayoría de la documentación que refiere a los crímenes de lesa humanidad se expresa de esta manera, sucumbiendo a la conceptualización implantada durante la dictadura, alimentando aun más la perversidad con la que medios de prensa y los mismos implicados se expresan.
Este tema se fundamenta en tres premisas: verdad, justicia y reconciliación. Elementos que han llevado al Estado chileno a plantearse en tres oportunidades las reales dimensiones que tuvieron las violaciones de DD.HH en Chile durante la dictadura.
El Estado a través de sus documentos elaborará otra memoria. En ésta no se habla de refundación de la patria, de deterioro de la consistencia de la nación, sino directamente de un Estado que fue capaz de detener, asesinar y torturar arbitrariamente a sus conciudadanos. En el caso chileno serán tres las instancias: el Informe de Verdad, Justicia y Reconciliación(6) de 1991, la Mesa de Diálogo(7) de 2001 y el Informe de la comisión Nacional de Prisión Política y Tortura(8) de 2004. En ellas se avanzó paulatinamente en la elaboración de una memoria que denuncia y exige justicia; a través de las páginas de los documentos se van revelando cómo actuó el régimen de Pinochet, cuántas personas fueron apremiadas en sus derechos fundamentales y cómo se puede reparar el daño ocasionado sea esta reparación moral o económica. Nuevamente recurrimos al concepto de cultura política porque es muy legítimo preguntarse ¿por qué debieron ser tres las instancias en que se elabora esta memoria?. La respuesta está en que precisamente nuestra cultura política fundamentada en el diálogo no permitió que se elaborara un informe que contuviera todos los elementos que supone reconstruir una parte tan importante de la historia; la legislación que quedó como resguardo luego del plebiscito de 1989 dejó a nuestra democracia bajo la tutela de las fuerzas armadas impidiendo que quienes habían participado –y no la institución- fueran juzgados y entregaran detalles que permitieran una verdadera elaboración de memoria conjunta entre el aparato castrense y el civil.
Consecutivamente se avanzó desde el espacio del gobierno en la elaboración de esta memoria partiendo en 1991 con “Que la conciencia moral de la nación requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990; que sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear as condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional; que sólo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el concepto público la dignidad de las víctimas, facilitará a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas como corresponde y permitirá reparar en alguna medida el daño causado (...)”(9), hasta llegar a 2004 no sólo a la convicción que es necesaria la verdad y la justicia sino que también es fundamental conocer la cuantía de la tortura en el país: “¿Cómo se podría probar fehacientemente una tortura treinta años después? (...) Hoy después de meses de escuchar relatos íntimos, relatados con dolor y hasta con llanto, y de ver las marcas físicas y psicológicas, así como las lesiones familiares y sociales de tanto chileno y chilena preso y torturado, no nos asiste la menor duda de que esta parte de la verdad también nos era debida para completar, de la mejor manera posible, la reparación y la justicia que el país le debe a estos hermanos, para avanzar por la senda siempre difícil y necesaria del reencuentro y la reconciliación entre los chilenos.”(10) Como vemos, aún no está concluido el proceso que empezó hace 16 años, pero existen considerables avances en la elaboración de la memoria por parte del Estado.
Esto de paso habla de la elaboración de una memoria que tiene múltiples aristas, y en este sentido Norbert Lechner en su texto Las sombras del mañana(11) nos recuerda la manera en que se ha construido esta memoria: “(…) La verdad de la memoria no radica tanto en la exactitud de los hechos como en el relato y la interpretación de ellos. La pluralidad de memorias conforma un campo de batalla en que se lucha por el sentido del presente en orden a delimitar los materiales con los cuales construir futuro. Algunas cosas son valoradas, otras rechazadas.”(12) No es casualidad que traigamos a colación esta referencia pues una de las características de la confrontación de discursos es que cada quien elabora la memoria de acuerdo a sus propias percepciones y esto incluye los discernimientos subjetivos que los ciudadanos comunes tienen respecto de su pasado y qué tan determinante fueron las violaciones de DD.HH para la conformación del presente histórico. Esto nos lleva a plantear la idea que existen tantas memorias como sujetos pretendan elaborarlas; de aquí que las Fuerzas Armadas legitimarán su memoria en los elementos que ya hemos mencionado a través de este texto. Habrán militares como Pinochet que dirán “que estaba en el deber de reconstruir una patria que se caía a pedazos.”(13) O “Con enorme inquietud recibí el triunfo del candidato de la equivocadamente llamada Unidad Popular, y con creciente angustia presencié cómo en Chile se deterioraba su consistencia social, moral, económica y política”(14).
Estos elementos que pronuncia Pinochet en su discurso no son otra cosa que la argumentación pública para definir el terror que implantó su gobierno y con ello para legitimar la existencia de nefastas instituciones como la DINA o la CNI. Avocándonos a la primera instancia consignamos la existencia de recintos secretos de detención y tortura, tal como ya se ha señalado anteriormente.
(1) Datos compilados y ampliados por Claudia Videla, Colectivo José Domingo Cañas
(2) CORREA, SOFIA: Con las Riendas del Poder.
(4) Guillermo O’Donnell define en su texto Notas para el estudio de procesos de democratización política a partir del Estado Burocrático-Autoritario, la existencia de un Estado Burocrático Autoritario (BA) que se expresaría en los gobiernos de facto: “ (…) Sugiero que estamos ante un BA en la medida que se den las siguientes condiciones en conjunto: 1) mantenimiento de la exclusión política del sector popular manifestada en la prohibición, coactivamente respaldada, de formar organizaciones que se dirijan al público; 2) inexistencia, o subsistencia básicamente formal, de instituciones de la democracia política (parlamento, partidos y garantía de los derechos individuales” y 3) restricción de la arena política fundamentalmente a acciones al interior del aparato del Estado, que tienen por actores a miembros de ese aparato –civiles y militares- y a las cúpulas de grandes organizaciones privadas.” . De acuerdo a su exposición, claramente la conceptualización se ajusta a las realidades vividas en Chile y Argentina, debido a que por ejemplo, las grandes empresas nacionales y los capitales económicos fueron puestos a disposición de los regímenes de BA . Además de lo ya expuesto no debemos olvidar tres premisas fundamentales que tienen que ver con el cómo se desarrolla este complejo constructo de redes que desencadenan el Estado BA: debía existir un sector medio que quisiera terminar con su calidad de subordinados a los capitales de la elite y/o a los empleos estatales; una amplio sector obrero no calificado y marginal que fuera el detonante de la aparición en escena de los actores políticos de acuerdo a que la agitación de las masas sólo podría traer más caos que el ya existente . En consecuencia, son legados de la los Estados BA que las democracias que se instauran tengan por fin primero consolidar una nación que ha perdido sentido de cohesión identitaria, una ciudadanía que exprese su voluntad a través de las elecciones y una reagrupación y vinculación con lo popular en que el Estado sea voz y palabra de ellos.
(6) Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Reedición elaborada por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago, 1996
(8) Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (CNPPYT) Santiago, 10 de noviembre de 2004, Ed. Ministerio del Interior, Comisión de Prisión Política y Tortura, La Nación S.A, Santiago, 2005
(9) Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Op. cit, P. XI, Tomo I
(10) Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, op. cit., p. 7
(11) LECHNER, NORBERT: Las Sombras del Mañana. La Dimensión subjetiva de la política, Ed. LOM, Santiago, 2002
(13) MARIA SEOANE y VICENTE MULEIRO: El Dictador: la Historia secreta de Jorge Rafael Videla, Ed. Debolsillo, Bs. As. 2006, p. 21
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