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Perú: Cortinas de Humo vs. Valor a prueba de balas…

La situación en el Perú día a día se torna más incierta. La violencia del Estado frente a las Federaciones, Sindicatos, gremios y demás organizaciones están siendo parte de un proceso de desprestigio y desarticulación, esto con acciones aparentemente respaldadas por la ley.

Uno de los hechos por los que se esta caracterizando este gobierno, es la constante desacreditación, mediante los medios “informativos”, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, organismos Pro Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que no se “escarbe” más en la responsabilidad política y activa del partido de gobierno: APRA,  en violaciones de DD. HH. cometidas en el anterior periodo de 1985 – 1990 bajo el accionar del “Comando Rodrigo Franco”, nombre tomado de uno de sus militantes, el mismo que parece haber sido asesinado por sus propios compañeros (1987).

Actualmente las demandas al Estado peruano por parte de los familiares de las víctimas de este Comando, así como del grupo Colina que existiera en el gobierno de Alberto Fujimori, son muchísimas, muchas de las cuales ya fueron demostradas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (C.V.R.) y de las que se exige como derecho, no solo la Reparación Civil sino la aplicación de la Justicia a los autores: directos e intelectuales de dichas muertes y la reivindicación histórica.

El actual gobierno en lugar de reconocer estas demandas pretende retirar al Estado peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de que no se apliquen las sanciones dadas por la misma contra el Estado peruano y a favor de los familiares de las víctimas que sufrieron ejecuciones sumarias. Tal es el caso de la matanza del penal Castro Castro en el año 1992, que si bien es cierto, estas ejecuciones fueron realizadas por el entonces gobierno de Alberto Fujimori; si se aplica y acata esta disposición de la CIDH se podrían también sancionar los casos de años anteriores como las matanzas realizadas por el Comando Rodrigo Franco en el anterior gobierno aprista (1985 – 1990).

Uno de los mecanismos aplicados para este fin es desacreditar y enjuiciar a personas e instituciones que actuaron en pro de develar y hacer justicia ante tan inhumanas acciones de lesahumanidad, como es el caso del que fuera Ministro de Justicia Diego García Sayán, en el gobierno de Transición del 2000- 2001 presidido por Valentín Paniagua; gobierno en el que se conforma la Comisión de la Verdad y Reconciliación; otro mecanismo es el enjuiciamiento constitucional al ex Presidente Alejandro Toledo Manrique, a quien pretenden enjuiciamiento por “allanarse ante la CIDH” acatando las sanciones contra los autores de los crímenes y las reparaciones por parte del Estado a los familiares de las víctimas. Este caso resulta peculiar, ya que el gobierno de Toledo finalizó con muchos casos de corrupción, malversación de dineros estatales, etc., etc., pero ninguno de estos casos ameritan, según ellos, un juicio constitucional a pesar de haber pruebas contundentes al respecto, más si el que este gobierno (de Toledo Manrique) haya aceptado el fallo de la CIDH, caso que se viene tratando desde el año 1992.

Otro caso alarmante en este gobierno es la activa participación, de la que hoy es congresista de la República por el APRA Nimia Vilchez, hija del ex Diputado en el anterior periodo aprista Abdón Vílchez Melo representante en ese entonces del departamento de Junín, en el Comando Rodrigo Franco. El hermano de la misma Daniel Vilchez es asesor del actual congresista aprista, Javier Velásquez Quesquén sindicado también como parte del Comando. Los hermanos Vilchez formaron parte activa de dicho comando, como lo manifiesta Miguel Exebio un testigo en este caso: “Ellos son hijos del ex diputado aprista por Junín, Abdón Vílchez Melo. Yo viajé a Huancayo con 'Chito' Ríos y coordiné directamente con ellos las tareas del CRF. Yo viajé más de cuatro veces a Huancayo con 'Chito' Ríos para reunirme con Nidia y con Daniel para ver la información de inteligencia sobre los opositores al gobierno aprista” (Fuente: La República 03/02/2007)

Al igual que estas personas otros miembros activos del Comando Rodrigo Franco, laboran en el Congreso peruano como el que fuera segundo de Agustín Mantilla,  Miguel “Chito” Ríos Saénz conjuntamente a Nelson Manayay Cabrera laboran en la oficina del Secretario General del APRA y congresista Mauricio Mulder Bedoya. Asimismo otros integrantes como Omar La Cunza Tarico (oficina del congresista Javier Velásquez Quesquén), Óscar Urbina Sandoval, Gino Fiori González, trabajan en instituciones estatales o tienen acceso al Congreso. Todas estas personas fueron investigadas por el caso del Comando tanto en el Poder judicial como por la C.V.R.(1)

Mientras se va tratando de hacer cortinas de humo y desacreditar cualquier investigación respecto a las violaciones de Derechos Humanos tanto en el periodo aprista de 1985 – 1990 y gobierno fujimorista 1990 – 2000, sale la sentencia de la CIDH por el caso La Cantuta (1992) fechada el 26 de noviembre de 2006, la misma que no ha tenido la “propaganda” de los medios de comunicación limeños, a pesar de ser uno de los casos más sonados y terribles de violación de DD. HH.

Entre los puntos más resaltantes el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta:

  • Acusa al Estado por el secuestro y ejecución sumaria de un profesor y nueve alumnos de la Universidad de La Cantuta, por la violación de los derechos de las víctimas y sus familiares.
  • El Estado reconoció la autoría intelectual de Alberto Fujimori en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. El testimonio del General Robles señala como creadores del Grupo Colina a Vladimiro Montesinos, quien junto a Hermoza Ríos y Fujimori formaban la cúpula que dirigía a este destacamento. Fujimori, según Robles, tuvo un papel central en procurar la impunidad de este grupo mediante la aprobación de leyes de amnistía. 

Entre las demandas de la CIDH están:

  • Que el Estado peruano investigue y juzgue los delitos de lesahumanidad, haciendo que se cumpla con la ley y justicia. Rechazar cualquier tipo de impunidad y obstáculos para dicho fin.
  • Asimismo debe buscar, identificar y dar sepultura a los restos de las víctimas, realizando esta sanciones en acto público de reconocimiento y responsabilidad antes dichas ejecuciones y también debe incorporar el nombre de las víctimas en el monumento “El ojo que llora”.
  • Entre otros puntos están la publicación de dichas acciones en el Diario Oficial (Peruano); brindar tratamiento psicológico a familiares; educar en DD HH a miembros de las FFAA, Servicio de Inteligencia y PNP, de igual modo con jueces, fiscales y demás personas involucrada en el fuero penal. También está el asumir los costos.

La minimización del Estado hacia este caso resulta muy sospechosa, ya que es evidente la alianza entre el fujimorismo y el APRA, la misma que pretende callar estos actos, quizás porque si se encubren estos hechos ambos gobiernos y personas implicadas quedarían absueltas de toda responsabilidad. Pero en este caso en particular ya existe una sentencia y disposiciones a aplicarse tanto en Justicia como en las reparaciones a familiares. Y como siempre cuando se trata de situaciones que no convienen al gobierno este se calla y con el la prensa entera…

Respecto al caso del penal el Frontón, en el que fueran victimados extrajudicialmente 118 personas. Inicialmente las acusaciones estaban siendo direccionadas hacia personas que actuaron obedeciendo ordenes de “superiores” entre los que están el actual presidente de la República Alan García Pérez, el vicepresidente Luis Giampietri, quien participo activamente en dicha matanza, y claro Agustín Mantilla Campos.

Después de varios años de lucha, en los que tanto la gente aprista como la “dejadez” fujimorista trataron de evitar  un juicio en el que sean llamados todos los culpables, todas las cabezas.

Esta matanza se da cuando en junio de 1986, justamente cuando en Lima se llevaba a cabo el encuentro de la Internacional Socialista, varios presos políticos encerrados en el penal del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara se amotinan, con el fin de llamar la atención de la gente que estaba reunida en Lima. Es cuando Agustín Mantilla bajo ordenes del presidente Alan García y en coordinación con él ordena a la Fuerzas Armadas y policía a reprimir los motines; para el Frontón se encarga a la Marina de Guerra que en ese entonces estaba bajo la dirección de Luis Giampietri, es así que los presos del denominado pabellón azul fueron asesinados extrajudicialmente, quedando solo unos cuantos vivos.

Durante varios años se ha ido retrasando el proceso así como las testificaciones de testigos, pero en el 2005 García Pérez, debido a las contradicciones de Armando Villanueva y Agustín Mantilla, es llamado a testificar ante la jueza Sonia Pilar Salazar. Posteriormente se ha tratado de dejar sin efecto dichas acusaciones e incluso archivar el caso. Durante este tiempo hasta hoy (2007) las acciones en pro de archivar y disminuir este caso son muchas, incluso días y horas antes de que rindiera su manifestación García Pérez el 09 de febrero en calidad de testigo,  se trato de crear un estado de confusión y desbaratar dicho evento de suma importancia para este caso, ya que en declaraciones anteriores sobre el tema el actual presidente incluso negó categóricamente la existencia del Comando Rodrigo Franco manifestando que esa era una creación de gente que solo quería calumniar a su partido.

Los días posteriores la jueza María León indico que se van a realizar acciones de reconocimiento de los cuerpos y se va a hacer una diligencia a la isla del Frontón, solo con la presencia de las partes involucradas. Y posteriormente se dará información más precisa por encontrarse el caso en plena construcción.
A manera de recuerdo…

El Comando Rodrigo Franco

A manera de recuento el Comando paramilitar autodenominado Rodrigo Franco se conforma en el año 1983, citando a la C.V.R.: A comienzos del año 1983, Agustín Mantilla Campos impulsó la creación de nuevos cuadros de seguridad de personalidades del Partido Aprista Peruano, buscando cambiar la percepción que se tenía de los anteriores grupos de seguridad…“Como nosotros queríamos dar una imagen diferente al país de lo que era seguridad, yo dejo de lado todos los rostros adustos, maduros ... y formo un pequeño equipo para que acompañe al candidato en sus giras. Un equipo de muchachos”… Con tal finalidad, se habría iniciado un proceso de reclutamiento de jóvenes que comenzó cuando Jesús Miguel Ríos Saenz, conocido como “Chito Ríos”, fue incorporado al grupo por Agustín Mantilla Campos… El informe en Minoría de la Comisión Investigadora de los Asesinatos de los Señores Diputados Heriberto Arroyo Mio y Pablo Norberto Li Ormeño y de los Grupos Terroristas que utilizan el nombre de un Mártir, de la Cámara de Diputados (en adelante Comisión Investigadora) de 1989, estableció lo siguiente: “Si se analiza la procedencia de los involucrados o sindicados como miembros del Comando Terrorista, se podría advertir que muchos de ellos tienen un elemento en común: proceder de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega”…. En 1984, algunos de los jóvenes reclutados fueron enviados a Corea del Norte para ser entrenados en asuntos relacionados con la seguridad de dignatarios y manejo de armas… Cuando el Partido Aprista fue gobierno, habría surgido en alguno de sus militantes la idea de conformar un comando paramilitar para enfrentar el fenómeno del terrorismo, debido a la imposibilidad del Estado de frenar sus acciones por la vía legal. En esa perspectiva, la organización serviría para responder a los múltiples asesinatos de sus autoridades y militantes, y eliminar a quienes supuesta o realmente apoyaban a los grupos subversivos y a opositores políticos.

El 28 de julio de 1988, luego del homicidio del abogado democrático Manuel Febres Flores, el grupo paramilitar que lo asesinó, reivindicó el hecho e hizo pública su autodenominación de “Comando Rodrigo Franco”. Desde este modo, la agrupación asumía el nombre del dirigente aprista asesinado un año antes.(2)

Las acciones de este comando paramilitar fue acrecentándose y tomando poder a medida que el gobierno aprista se asentaba más en el gobierno, utilizando aparatos estatales, como los sistemas de inteligencia militar, policial e informaciones obtenidas de los ministerios del Interior, Justicia, Poder Judicial, etc., para informarse sobre dirigentes sindicales, gente de oposición, partidos políticos, etc., así como para utilizar estas instituciones estatales en beneficio de los integrantes y demás cómplices de violaciones con el fin de ser absueltos. Como sucedía cuando se daba algún atentado o matanza, rápidamente la policía de investigaciones o cualquier otro miembro policial o ligado al ministerio del Interior se encargaban de “borrar las huellas” y limpiar el lugar de los hechos.

Este comando estuvo conformado por militantes apristas reclutados especialmente en el Universidad Inca Garcilaso de la Vega y gente de la DIRCOTE, PIP, Grupo Delta 5, GRUDE y DOES.

Entre las víctimas de este comando están: Manuel Febres Flores; Saúl Cantoral, Consuelo García; Miguel Pasache Vidal; Manuel Porta Solano; entre opositores de izquierda, supuestos senderistas, estudiantes, etc...

Este comando estuvo accionando incluso en los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori y es posible que haya tenido relación con el Grupo Colina. Pero no es solo esto, actualmente como ya se ha mencionado líneas arriba, siguen “trabajando juntos” en oficinas del congreso y en instituciones estatales.

(1) Cabe señalar que la comisión de la bancada aprista que propone la denuncia constitucional al ex presidente Alejandro Toledo minimizó y archivo estas  denuncias, asimismo negaron la existencia del Comando Rodrigo Franco.

(2) Fuente: Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

 

 

 

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