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Agencia Nodo Sur - Boletín N. 2
20 de mayo de 2007
Argentina
Crónica del conflicto docente en Santa Cruz
La crisis política en la provincia expone la trayectoria
y las practicas del presidente Néstor Kirchner
Por Pablo Gandolfo y Enrique Gandolfo
El masivo paro docente, canalizó un descontento que excede a ese sector y se proyecta hacia el conjunto de la población. La crisis política desatada, acabó con el breve mandato del gobernador Carlos Sancho y dejó expuesto para todo aquel que no quiera cerrar los ojos, las prácticas y la trayectoria del equipo político encabezado por Néstor Kirchner en los últimos 16 años. Se contrapone, con el imaginario que el presidente ha sabido crear de sí mismo, y con las expectativas que en él tienen un amplio arco de organizaciones y genuinos militantes populares.
Desde los primero días de marzo, los maestros santacruceños mantienen un plan de lucha en reclamo de un aumento del salario básico que permanece congelado, desde 1991, en 161 pesos.
La respuesta del poder provincial no fue el diálogo, o una propuesta seria de aumento salarial, sino reiteradas agresiones. Volantes distribuidos con el objetivo de desprestigiar el conflicto, escuálidas contramarchas armadas por el aparato del Partido Justicialista y el gobierno provincial, mediante punteros y otros mecanismos clientelares.
Tampoco faltaron propagandas televisivas con los rostros de los principales dirigentes sindicales de la provincia, mientras se llamaba a la unidad de los santacruceños ante la amenaza docente.
Hubo también, un atentado contra el local y el vehículo del sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación, ADOSAC. Lo más revelador del hecho es la circunstancia en que ocurrió: durante la noche se cortó la luz de la cuadra donde se encuentra la sede gremial. Alguien rompió el vidrio del auto y arrojó una molotov en su interior. Cuando arribaron la policía y los bomberos... volvió la luz. Lo mismo ocurrió en un gimnasio donde los docentes realizaban una actividad para recaudar fondos. También allí fue arrojada una molotov contra la puerta del lugar.
A este cuadro de situación se sumó que numerosos docentes sufrieron grandes descuentos en sus salarios y no se realizaron los aportes al sindicato con el objetivo de desfinanciarlo e impedir la continuidad del conflicto.
Este accionar fue coronado con la militarización de las escuelas. Efectivos de Gendarmería, Prefectura y la policía provincial tomaron posición en las mismas, en algunos casos, impidiendo que los docentes ingresen. Según distintas fuentes, la orden fue dada por el propio Presidente Néstor Kirchner.
(Foto: OPI)
La movilización popular
La seguidilla de agresiones tuvo como respuesta grandes marchas por parte de los maestros, maestras y la población que se solidarizó.
Las reiteradas movilizaciones congregaron entre 5000 y 8000 personas en Río Gallegos, la cifra constituye una marca histórica para la localidad.
Sin embargo, la utilización de métodos que no se condicen con la democracia y la reivindicación de los derechos humanos que el gobierno nacional profesa en el discurso y en actos simbólicos, agudizaron el conflicto y la respuesta fue aún más contundente: se registraron movilizaciones de 15 mil y hasta 20 mil personas en una ciudad con una población de 80 mil . Numerosos funcionarios fueron escrachados, incluidos los ministros Daniel Varizat y Juan Bontempo.
La fortaleza de la respuesta popular (no proyectada por el gobierno) hizo perder la brújula al ejecutivo nacional. Alrededor del acto descabellado de un individuo con reiterados problemas psicológicos se intentó montar una campaña afirmando que se trataba de un atentado contra el presidente (que se encontraba a tres mil kilómetros, vaya detalle).
Por su parte, el presidente Kirchner, mientras desplegaba un operativo represivo de gran magnitud, acusó de patoteros y cobardes a los docentes e inventó un intento de agresión a su madre, solo porque una marcha pasó frente a la casa de la anciana.
Luego de la represión frente a la morada del Presidente en Río Gallegos, el ministro del interior, Aníbal Fernández, acusó a las victimas de auto herirse. Al dislate, sobrevino un disparate mayor: una nueva represión, en este caso más brutal, a una movilización de municipales.
Hubo varios trabajadores heridos y uno terminó con su espalda llena de perdigones. Nuevamente Fernández imputó a una persona que perdió tres dedos debido a una bala de goma, de habérselos machucado con una barreta.
La represión fue la excusa para bajar al gobernador Sancho, y utilizarlo como fusible para descomprimir la situación y realizar un giro hacia la solución del conflicto.
El nuevo capataz seleccionado, fue Daniel Peralta quien se encontraba al frente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Para nombrarlo, hubo que bordear la constitucionalidad. Peralta reasumió el puesto de legislador (estaba con licencia) y fue elegido presidente de la Cámara. De este modo quedó en la línea sucesoria.
Luego de asumido, abrió una mesa de dialogo en el ministerio de trabajo nacional, en la Capital Federal. Allí el gobierno, realizó una oferta que consta de 7 puntos. El mas sobresaliente, lleva el salario básico a 500 pesos (casi triplica el actual) y constituye un triunfo incontestable de la larga lucha docente. Durante el fin de semana pasado los maestros analizaron democráticamente y en toda la provincia, la oferta realizada. Allí establecieron condiciones para su aceptación definitiva. Solo resta que el gobierno las cumpla.
Un párrafo aparte merece el escrache realizado a la ministra Alicia Kirchner. El hecho fue magnificado por el gobierno, y un incidente menor se convirtió en una brutal agresión. Por su parte las organizaciones de la "izquierda kirchnerista" (todas económicamente dependientes del Ministerio de Desarrollo Social) salieron a repudiarlo mediante comunicados y declaraciones públicas de sus principales dirigentes. Sin temor al ridículo, realizaron una marcha para apoyar a la ministra. Así, organizaciones con escasa voluntad militante para expresarse ante el hecho gravísimo que constituye la desaparición de Julio López, completaron su parábola al realizar una marcha para repudiar que le arrojen huevos y harina, a una funcionaria.
El desarrollo del conflicto es especialmente significativo porque ocurre en el que probablemente constituye, el único territorio hegemonizado por la corriente política que encabeza el presidente Kirchner. Allí se observan dos aristas contrapuestas con el discurso que el jefe del ejecutivo publicita a nivel nacional: la redistribución de la riqueza, y una nueva forma de relacionarse con los "sectores populares".
ADOSAC: La fuerza del trabajo democrático en las bases
El sindicato docente santacruceño ADOSAC, es conducido por dirigentes con características que no abundan en el espectro gremial del país. Sus signos distintivos son la democracia asamblearia, el protagonismo de la base en la toma de decisiones y la masividad de las acciones de lucha.
La propia dirección promueve la participación activa del conjunto y las decisiones no son enajenadas por un grupo de dirigentes. La ultima asamblea de la seccional Río Gallegos, realizada el viernes pasado contó con la participación de mas de 1000 personas. Cada seccional realiza una asamblea de base donde el colectivo toma una decisión respecto a los temas tratados. Luego es elevada al Congreso Provincial mediante delegados. En su última reunión, en la que se decidió poner condiciones a la oferta realizada por el gobierno, sesionó durante 15 horas.
El trabajo democrático en la base, redobló de tal modo la fuerza de la protesta, que un sindicato docente forzó el cambio del gobernador y mantiene medidas de fuerza desde hace mas de dos meses y medio a pesar del dispositivo represivo establecido por los gobiernos, tanto provincial como nacional.
Los métodos represivos del Partido Justicialista
Por Martín Raffo
Aunque formen parte del mismo espacio partidario, pocos se atreverían a decir que compartan el mismo proyecto político. Pero así es la lógica de construcción del Partido Justicialista, muy difícil de entender para todo aquel que no haya nacido en estas tierras. En la actualidad, sus responsabilidades de gobierno, tan distantes, pueden convertirse en una explicación verosímil para entender la imposibilidad de asimilar sus prácticas políticas. Uno, en la primera magistratura de la nación, otro, intendente vitalicio del conurbano. Ambos, intendentes cuando recién comenzaba la "infame" década de los '90. Por caminos diferentes, con algunos antecedentes comunes, el destino los unió el mismo día en que 18 empleados municipales fueron ferozmente reprimidos en Río Gallegos.
El día en el que Néstor Kirchner decidió desplazar al gobernador Carlos Sancho, fue un día de furia en Río Gallegos. Cuando intentaban concentrarse frente a la municipalidad, para luego dirigirse a la gobernación, los trabajadores municipales de la capital de Santa Cruz fueron victimas de una feroz represión por parte de Infantería de la policía de la provincia. La misma culminó con 18 trabajadores heridos, varios de ellos de gravedad.
El presidente siguió al detalle cada uno de los hechos de ese día, postergando la agenda prevista para esa mañana del 9 de mayo. Un encuentro con Raúl Othacehé estaba entre las actividades con las que debía cumplir.
Merlo: barras bravas vs. asambleistas
Raúl Othacehé ocupa un lugar indiscutible en cualquier lista que contenga a los llamados "intendentes mafiosos" del Conurbano Bonaerense. Llegó a la intendencia del partido Bonaerense de Merlo en 1991 -municipio nada despreciable en términos electorales ya que cuenta con 500.000 habitantes-, año en el que el actual presidente asumía la gobernación de Santa Cruz miles de kilómetros más al sur. Reelegido en 1995, 1999 y 2003, sólo se movió de ese puesto, por medio de una licencia, para acompañar como ministro de gobierno a Carlos Ruckauf cuando asumió en 1999 como gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Colaborador durante la dictadura de la Fuerza Aérea Argentina -que cuenta con una base en su distrito- y de los intendentes de facto tanto de Merlo, como del distrito vecino de Moreno, luego de ser elegido intendente, se rodeo de varios de sus ex compañeros de entonces. Entre ellos, los organismos de DDHH de la zona, quienes denunciaron a Othacehé en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicaron al militar José Moreno, quién habría trabajado en la privada del genocida Jorge Rafael Videla.
Denuncias de asesinatos y persecuciones a opositores políticos, aprietes a militantes con complicidad policial y política, destrucción de comedores populares de organizaciones sociales independientes de la municipalidad, e intimidaciones y golpes a periodistas, son apenas algunos de los antecedentes que podrían ilustrar el largo prontuario de este ex militante de la derecha peronista en los '70.
Alrededor de mil asambleístas que se concentraron el viernes 1 de marzo del año 2002 en la plaza de Merlo para repudiar las agresiones sufridas la semana anterior por las asambleas de Padua, Parque San Martín y Merlo, es probable que se hayan enterado del prontuario de Othacehé durante los días previos.
El viernes 22 de febrero a la noche, las asambleas que se realizaban en Merlo se juntaron, y convocaron a un cacerolazo frente a la Municipalidad para reclamar por la mala calidad del agua que proveía Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA). Cuando marchaban fueron encerrados y atacados con palos, piedras y tiros por numerosas personas que los superaban en número. Muchos de los manifestantes quedaron con heridas de gravedad y tuvieron que ser atendidos en el hospital de General Rodriguez, debido a que en Merlo les negaron la atención. Varios de los testigos identificaron a los agresores como punteros del Partido Justicialista y "barrabravas" que responden a Raúl Othacehé, del club de fútbol de Primera "C" Argentinos de Merlo.
En una nota publicada el 10 de marzo de ese año, el hoy diputado kirchnerista Miguel Bonasso, describía así lo sucedido en el "feudo" de Othacehé. "En la noche del mismo 22 vecinos de Merlo salieron a la avenida principal (la del Libertador), para protestar por el servicio de agua contaminada que les brinda el municipio conducido por el 'Vasco' Raúl Othacehé, ex secretario de Gobierno de Carlos Ruckauf y prospecto, según algunos, de ministro del Interior de la Nación. Mientras coreaban consignas y golpeaban las cacerolas, los más avisados descubrieron que estaba ocurriendo algo raro: no se veían policías por ningún lado. Pronto comprendieron el porqué de la 'zona liberada': a dos cuadras de la plaza principal, 'buchones' infiltrados en las columnas se abrieron a toda velocidad y unos 150 matones que aguardaban esa señal se abalanzaron sobre los vecinos para golpearlos con singular bestialidad. Igual que en Ituzaingó, los pesados venían en un camión y dos micros. Uno de ellos perteneciente a la oficialista Unidad Básica Número 2. Mientras muchos vecinos -entre ellos no pocos comerciantes- auxiliaban a los manifestantes y llevaban más de veinte heridos al hospital de General Rodríguez, llegó la policía y, amablemente, les pidió a los patoteros que se calmaran. Los 'muchachos' se relajaron y se alejaron dando vivas 'al vasco Othacehé' y cantando la marcha peronista. "
Río Gallegos: mismos métodos, mismas víctimas
Dos meses después, en Santa Cruz, el destino de los asambleístas de Río Gallegos no sería muy diferente al sufrido por los del conurbano. El 26 de abril del 2002 una patota encabezada por el empresario de Medios -ver en esta edición "Medios de Comunicación en la Provincia del Presidente" - y parte del círculo más íntimo de Néstor Kirchner, Rudy Fernándo Ulloa, reprimió un cacerolazo por orden expresa del gobernador de entonces, dejando heridos 8 manifestantes.
Como sucedió en varios puntos del país, las cacerolas empezaron a sonar en Río Gallegos en enero del 2002. En esta ciudad de la patagonia argentina el motivo convocante fue el recorte de las asignaciones familiares de los salarios superiores a $1500 decidido por el gobernador Néstor Kirchner.
Según una confesión firmada ante un juez por un tal Mario Oyarzo, quién varios medios de prensa ligaron a Raúl Copetti, tesorero del Frente Para la Victoria de Santa Cruz y hoy en el Instituto Provincial de Seguro, los agresores se reunieron y esperaron a los manifestantes en FM Estación del Carmen, propiedad de Rudy Ulloa.
La siguiente es la transcripción textual de la declaración publicada por la revista digital Edición i:
"Que la gente del cacerolazo estaba manifestándose frente al Complejo en ese momento, a pocas cuadras de la radio, mientras tanto en dicha radio se estaban haciendo los preparativos para recibir a los mismos; que el Sr. José Luis Gómez cortaba con sierras barras de hierro que introducía en mangueras y distribuía a los militantes y restos de funcionarios, juntamente con Mario Vidal, Jorge Ferreira, Juan Carlos Hass, Cristina Mirol, el propio director de la radio Pedro Díaz, Hugo Marín, Pablo Enrique Noguera, Pablo Grasso, Rudy Ulloa y Miriam Aguiar, entre otros, también en una de las oficinas de la mencionada emisora habrían cajones de bidones con nafta, y en el patio seguían entregándose palos, fierros, mangueras, todo lo que sirviera para una gresca y en el garaje que da sobre calle Errázuris había cajones de madera con bombas caseras en molotov ".
Quién confirma esta versión es el periodista Jorge Lanata, en una nota publicada por el diario Perfil el pasado 29 de abril, luego del viaje de éste a Río Gallegos para seguir de cerca el conflicto docente. "' ¿Quiénes se creen que son? ¡Hay que correr a los caceroleros! ¡Vamos a ir a la casa de cada uno!", decía en 2002, exaltado, el entonces gobernador Kirchner, en el Comando del Frente para la Victoria. ¿Cómo puede ser que los compañeros se queden callados y permitan ese tipo de cosas? (insistió el gobernador en el acto de referencia). Hay que salir a defenderse, no podemos permitir que nos agredan más, ni la Municipalidad ni ninguna estructura que corresponda a nosotros. ¡Somos muchos! ¡Salgamos a la calle y se terminó!' El discurso K, emitido entonces por FM abril, hoy forma parte de las reliquias del verdadero K que atesora el periodista Héctor Barabino. 'Volvamos a tener la dignidad y el orgullo de ser militantes del Frente para la Victoria (siguió K) ¿Cómo puede ser que vengan estos cien con las cacerolas? ¡Vamos a Correrlos! ¿Qué se creen que somos nosotros? Si ellos son cien, nosotros seremos dos mil, o tres mil ' "
Transcurrida la mañana del 9 de mayo, Kirchner ya había decidido el desplazamiento del gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho. Luego de esperar dos horas, privilegio que es probable sólo tenga Néstor Kirchner cuando del "vasco" Othacehé se trata, el intendente de Merlo pudo conversar, una vez más, cara a cara con el Presidente de la Nación. Ningún medio de prensa informó si los métodos represivos para controlar el conflicto social estuvieron entre los puntos tratados en el encuentro.
"El país busca encontrar en Santa Cruz el reflejo de lo que será"
Por Mariana Collante
La periodista Juliana Lasagno, trabaja desde hace más de dos años en la Organización Periodística Independiente (OPI) Santa Cruz - www.opisantacruz.com.ar-, un medio de comunicación independiente que apareció, por primera vez en la red, el 21 de septiembre de 2004. Y que con el tiempo se transformó en una fuente de información, para el resto de los medios, de los conflictos en la provincia. Consultada por ANS Lasagno considera que el surgimiento se debió " a la necesidad de canalizar las demandas sociales y establecer la crítica, un espacio censurado durante 16 años de gobierno Kirchnerista"
En ese sentido, cree que el objetivo, en los inicios, fue "democratizar los medios de comunicación que siempre estuvieron restringidos para hablar o contar 'lo que no se ve' de la historia de Santa Cruz y donde el Frente Para la victoria es parte de lo que hoy se vive ".
Los diarios más importantes en la provincia son La Opinión Austral, Prensa Libre y el Periódico Austral – Propiedad de Rudy Ulloa—, todos oficialistas y que dependen, en mayor o menor medida, de la publicidad del gobierno.
Esto supone una serie de características, que la periodista enumera: "Titulan constantemente en desmedro de los lectores, es decir, los trabajadores y, por sobre todas las cosas, los titulares se ajustan a las urgencias del gobierno que debe tapar las crisis con noticias superficiales ". Lasagno ejemplifica: "Mientras se instalaba una carpa de protesta frente a casa de Gobierno, en el aún no resuelto conflicto docente, los medios devotos de la pauta oficial no cubrían las marchas, sino que sólo publicaban las solicitadas pagadas por el estado provincial o directamente las respuestas de los funcionarios que desacreditan constantemente cualquier reclamo ."
Al mapa de los medios provinciales, Julieta Lasagno suma treinta y cinco radios locales. De las cuales, "solo dos, FM News y FM Abril, no cuentan con pauta gubernamental". Para la periodista, " el negocio es 'pegar' hasta que el gobierno hace una oferta económica y allí se terminan las diferencias. Luego la línea editorial queda atada a las necesidades del estado."
"La concentración de los medios en torno a la política oficial hace muy compleja la relación con las fuentes, el miedo es el principal factor que acecha a la gente" –cuenta la integrante de OPI Santa Cruz - .
Sin embargo, destaca que "cuando la credibilidad llega a nuestros lectores, automáticamente se accede a lugares insospechados y entendemos la situación de los que quieren contar su verdad, pero tienen miedo a mostrar el rostro por represalias. Por eso uno de nuestros principios es respetarlos ".
Juliana Lasagno concluye: "La situación convierte al periodismo en una tarea de riesgo por ser la provincia, el centro de atención de un país que busca encontrar en Santa Cruz el reflejo de lo que, con el tiempo, se convertirá de la mano de Kirchner ".
Río Negro: crecen las ocupaciones de tierras en Bariloche
Techo, Tierra y Libertad
Por Sebastián Carapezza (Gentileza Revista Al Margen)
Más de 1.800 lotes tomados en los últimos meses encendieron la llama y visibilizaron en Bariloche un problema para el que 5.000 familias no encuentran solución, ni techo. La mayoría de las ocupaciones surgen a partir de la grave crisis habitacional, y de la desproporcionada relación que existe entre el valor de los alquileres, los imposibles precios de terrenos y los salarios de la mayoría de los trabajadores.
Familias enteras de los barrios de Elflein, Peumayén, Levalle, 28 de Abril, Arrayanes, entre otros, de la ciudad de Bariloche, juntaron sus pocas pertenencias, desarmaron su casa y se la llevaron a un nuevo territorio. Es que la casilla otorga la posibilidad de ser fácilmente desarmable y fácilmente trasladable; como el caracol, las familias llevan sus casas al hombro y su pobreza sobre sus espaldas. Muchas de estas viviendas estaban ubicadas en el fondo de otras, y formaban parte de un hacinamiento crítico en relación a la cantidad de habitantes y tierras disponibles que conforman el paisaje de esta ciudad.
Los que no se fueron con sus casas, resolvieron la situación con una prefabricada, "para meterse adentro mientras tanto e ir construyendo de a poco", como contó un vecino. Las familias se juntaron a trabajar por unos cuantos días y sobre una platea de cemento levantaron sus sueños de no pagar más alquiler y tener una vivienda a base de chapas, y ruberoid; pero vivienda al fin.
El NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) en relación a las viviendas en la ciudad de Bariloche es el más alto en toda la provincia con un 16,57%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Incluso, más del 10% de los hogares de la provincia se encuentran en "hacinamiento crítico", es decir, tres o más personas viven en una misma habitación. En muchos casos, la precariedad de la vivienda no es tan importante como el hacinamiento cotidiano de convivir sin divisiones internas, compartiendo los colchones entre las distintas generaciones de una misma familia. Las familias tienen hijos, crecen, pero la vivienda sigue siendo la misma.
En estos barrios los problemas son muchos. En el Arrayanes y el 28 de Abril hay gente que vive a dos cuadras del precipicio. Al barrio INTA todavía se lo conoce como el "asentamiento momentáneo" y hace 40 años que algunos vecinos viven allí. Y ni hablar de todas las casas levantadas sobre el terreno de la Barda, donde la situación producto de un posible desmoronamiento es crítica.
La familia Gómez, se cansó de todo, un día juntó la plata, compró una casa prefabricada usada y se fueron a ocupar. "Al principio uno se quedaba a cuidar mientras la casa se iba haciendo de a poco", dijo un vecino. Ese quizás es el muro más alto para lanzarse a ocupar un lote, la decisión de ir. Quizás por el miedo, materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y el control social. Pero los que viven del borde hacia fuera, apiñados en las cornisas tienen poco que perder. Así es como también aprendieron a convivir con los perros que le ladran a los fantasmas del desalojo que merodean por las noches. Con la inseguridad de "no tener papeles".
Dicen que están contentos. Que hicieron tanto que les parece poco. Y que los chicos crecen bien. Pero tuvieron que rebuscárselas. Así es como calientan sus días con garrafas y leña, tuvieron que pedir engancharse de la luz a un vecino y "pinchar" un caño de agua para conectar una manguera.
Mientras tanto, las empresas se niegan a instalar servicios ¿públicos? si no se presenta el título de propiedad, y argumentan que a ellos les pueden hacer juicio por conectar un servicio ¿básico?. Ese es el mecanismo de presión utilizado.
Una vez que las familias se instalan, la convivencia entre los viejos ocupantes y los recién llegados, a veces resulta conflictiva y no siempre los esperan con los brazos abiertos, sino que a veces se reproducen los denominadores comunes de la lógica del sistema de la propiedad privada.
Estas tomas, —denominadas "usurpaciones" por los funcionarios de turno—, ocurren principalmente en el Nahuel Hue con 1.500 terrenos ocupados; a los que se le suman 35 terrenos de las Quintas, 35 en Tiro Federal, 50 en Las Muticias, y 75 en Casa de Piedra. A estas tomas se suman las históricas de Villa Lanquihue, INTA, y de distintos puntos en la pampa de Huenuleo.
Un informe presentado en el 2006 por el Centro de Derecho a la Vivienda, denuncia que el derecho a la vivienda en nuestro país es un derecho violado y que los sectores populares son los más desprotegidos y forzados a la ilegalidad. Aunque estos derechos ya estén consagrados desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, a casi 60 años la realidad nos encuentra por la puerta de atrás. Entonces la pregunta queda en el hall de entrada; ¿Puede utilizarse como función social una propiedad privada sin uso, de manera que deje de ser un derecho absoluto de algunos, para convertirse en algo acorde a las necesidades de la mayoría de la población?
La lucha de los trabajadores del Estado despedidos por Fujimori
Por Luciana Azcarate
Como consecuencia de la "reforma del estado" realizada por el gobierno de Alberto Fujimori más de 300 mil trabajadores peruanos fueron despedidos de las empresas estatales y la administración pública. Hacia fines del año 2000 los despedidos comenzaron un proceso de organización y de lucha, con el que lograron el reconocimiento de la inconstitucionalidad de sus despidos. En la actualidad 20951 trabajadores encontraron una respuesta a su situación, pudiendo optar por la reincorporación a los puestos de trabajo, el resarcimiento económico y la jubilación anticipada. Alrededor de 4600 trabajadores cesanteados que quedaron en situación de rezagados y excluidos durante el gobierno de Alejandro Toledo, continúan la lucha por ser reconocidos como inconstitucionalmente despedidos. Si bien el actual presidente Alan García prometió durante su campaña electoral darles una respuesta positiva a sus reclamos, en las actuales negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el gobierno aprista se muestra dispuesto a profundizar las reformas del Estado iniciadas por Fujimori.
En el periodo que va de 1990 al 2000 comenzó a implementarse en Perú el proyecto neoliberal que tuvo lugar en el conjunto de América Latina. Luego de asumir constitucionalmente la presidencia, Alberto Fujimori realizó en 1992 un autogolpe que disolvió el poder legislativo y judicial. En ese marco desarrolló el proceso de privatizaciones y achicamiento del Estado. Estas reformas, que siguieron las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial, fueron acompañadas por el terrorismo de Estado y fuertes campañas de acción psicológica desarrolladas por la política comunicacional del asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Durante el mes de marzo de 2007 la Coordinadora de Despedidos Inconstitucionalmente (COORDES), afiliada a la Confederación General de Trabajadores del Perú realizó movilizaciones a nivel nacional con el objetivo de que el Poder Ejecutivo presente al Parlamento una cuarta lista de trabajadores despedidos durante el Fujimorato. ANS estuvo presente en la audiencia concedida por el prefecto (gobernador) de la región de Cusco, a quién le solicitaron interceda frente al gobierno nacional. Dirigentes de la COORDES manifestaron su preocupación por la creciente situación represiva y se preguntaron "¿Quién reprime a los que no cumplen con sus promesas?"
(Foto:ANS)
Luego de la Audiencia, ANS dialogó con Rosa Luna Cruz, dirigente regional de la COORDES- base CGTP Cusco.
ANS -¿Cómo se producen los despidos durante el gobierno de Fujimori?
Rosa Luna Cruz -Fujimori saca normas legales inconstitucionales para reducir el aparato estatal. En esas normas legales supuestamente las renuncias debían ser voluntarias, pero no fue así porque esas normas eran coaccionarías. Nos decían: si ustedes no renuncian le tomamos una evaluación y si no rinden el examen los sacamos, o los declaramos excedentes.
Entonces muchos trabajadores fueron forzados, obligados a renunciar, además muchos no recibieron incentivos, al menos aquellos que fueron evaluados y quienes no rindieron los exámenes. Entonces qué hace el gobierno, para sacar a más gente sigue ampliando esas normas legales. Sale una norma con incentivos pero los beneficios sociales fueron mal liquidados, por años de servicios nos dieron 300 soles -¿¿¿????-, dieron montos ínfimos, irrisorios de incentivos.
No sólo fuimos privados de nuestros puestos de trabajo sino que sufrimos daño moral. Fujimori hizo propaganda diciendo que él había extirpado del aparato estatal a trabajadores vagos y ladrones. Compró a la prensa, quienes tenían temor a que le cierren sus empresas. Trabajador que ha sido cesado no tiene derecho a regresar en 5 años, eso dice la norma. Qué empresario privado va a acogerte como trabajador por más capacidad que tengas.
ANS -¿Existió en ese momento un proceso de lucha y resistencia por parte de los trabajadores?
RLC -El gobierno de Fujimori atemorizó tanto a los trabajadores que decidieron ya no agruparse en sindicatos. Prácticamente eliminó todos los sindicatos no sólo del aparato estatal sino privado. No había garantías de estabilidad laboral, los derechos sindicales existían pero al gobierno no le daba la gana de darle ese derecho al trabajador, de afiliarse libremente a los sindicatos, y si te afiliabas, te despedían.
Lo que hace Fujimori es cortar la cabeza de los sindicatos para que no puedan conducir a las masas, no les puedan abrir la mente. Infunde el terror, en el sentido de que todo dirigente sindical era terrorista o iba a ser sindicado como tal.
Vimos la muerte de nuestro dirigente de acá, el compañero Wilca Texas, y todos comenzaron a tener terror. Es como el pastor y las ovejas, muere el pastor y las ovejas se dispersan, muchos no querían saber de sindicatos. Entonces desactivó las organizaciones sindicales por presión psicológica.
ANS -¿Cuándo se inicia la lucha de los despedidos?
RLC -La lucha de nosotros se inicia un 7 de diciembre del año 2000, en vistas de que ya hubo el cambio de gobierno. Vino un gobierno democrático, el de Toledo. Entonces qué hacemos nosotros, tratamos de agruparnos, de analizar nuestro problema, y ver que las renuncias a las que fuimos obligados fueron coaccionarias, psicológica y moralmente, nos agrupamos y vimos que teníamos que recuperar nuestros derechos. Formamos el Frente Único de Trabajadores Cesados Inconstitucionalmente. Funcionó 2 años con ese nombre.
ANS -¿Cuántos trabajadores despedidos están organizados en la COORDES a nivel nacional y en el Cusco?
RLC -A nivel nacional 5000 y pico de trabajadores despedidos en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y 1500 en Cusco, despedidos tanto de las empresas estatales como de las instituciones públicas.
ANS -¿Por qué deciden afiliarse a la CGTP?
RLC -El gobierno no nos prestaba oídos. Dijimos que tal vez agrupándonos a esa central podíamos recibir mayor respaldo, porque la dirigencia nacional iba a analizar nuestra problemática, iba a ver bajo qué normas legales podíamos ampararnos, entonces nos afiliamos a la CGTP.
ANS -En Argentina también se desarrolló una fuerte organización y lucha de los trabajadores desocupados. En un comienzo los reclamos fueron protagonizados por despedidos de empresas privatizadas. A diferencia de la experiencia peruana, allá no hubo respaldo por parte de la CGT. ¿Cómo lograron encuadrar la lucha dentro de la CGTP?
RLC -En un inicio algunos dirigentes nos dijeron que nosotros habíamos salido con incentivos y que no podían hacer nada. Nosotros les explicamos hasta el hastío que no habíamos salido libremente, que los incentivos fueron ínfimos, que habíamos sido coaccionados moral y físicamente a abandonar nuestros puestos de trabajo.
A raíz de eso le hicimos ver que la razón de la CGTP era la de tener que hacer respetar los derechos de los trabajadores, incluso en este caso que era difícil, porque aquí se había quebrantado lo que mandaba la constitución política del Estado.
En ese entonces quien ahora es nuestro presidente Manuel Cortez Fernández, en su condición de Secretario de Defensa de la CGTP, analiza nuestro caso y se da cuenta que los trabajadores despedidos teníamos la razón. Él asume la defensa de los trabajadores despedidos.
Empezamos a tomar mayor fuerza en la lucha, ya nos sentíamos garantizados por nuestros dirigentes. Fue muy triste nuestra situación, no teníamos dinero, no teníamos nada, porque nosotros nos autogeneramos. Todo gasto que irradia esta lucha es respaldado con las cuotas que las bases acuerdan, aprobado en asambleas con registro en los libros de actas.
ANS -¿Cómo lograron ser reconocidos como trabajadores ilegalmente despedidos?
RLC -Durante el gobierno de Toledo logramos que se saque la ley 27803, que dice que el trabajador que ha sido dañado en sus derechos tiene derecho a que se lo restituya. Se conformó una comisión multisectorial liderada por el Ministerio de Trabajo, el de Economía y Finanzas, el de Justicia, y representantes de las 3 centrales sindicales, CGTP, CTP (Central aprista, perteneciente a la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) a la que pertenece el actual presidente Alan García) y la Central Única de Trabajadores (CUT). Esa comisión sacó tres listados de compañeros que han sido publicados en el registro nacional de trabajadores despedidos.
El Primer listado incluyó a 10 mil compañeros, el segundo a 7 mil y el tercero a 16 mil. En total en los 3 listados 28.300 trabajadores fueron considerados irregulares en sus ceses e incluidos en el registro nacional. Pero faltan muchos trabajadores por ser incluidos.
ANS -¿Cuántos de los despedidos consiguieron una solución efectiva?
RLC -En total en el registro nacional de trabajadores despedidos en forma irregular hay 28178 compañeros. De ellos 15486, que tenían edad considerable, optaron por la compensación económica. Faltan cobrar la compensación 1564 compañeros. Optaron por la reincorporación 3614. Faltan ser reincorporados 5056 compañeros. Adquirieron su jubilación adelantada 1843, quedando pendiente 607 trabajadores. Optaron por la reconversión laboral 8, a quienes el ministerio de Trabajo los prepara en determinado campo de acción y los inserta en otra institución.
En total, de los trabajadores inscriptos en el registro nacional de trabajadores despedidos, 20951 tuvieron una solución y 7101 están pendientes de solución.
(Foto: ANS)
ANS -¿Cuántos despedidos fueron excluidos de los listados y por qué?
RLC -Quedaron en condición de rezagados y excluidos un aproximado de 4600 compañeros. Dentro de nuestra lucha había compañeros que trabajaron años y antes de salir despedidos les cambiaron de legislación, a la 728, con la que dejaban de ser considerados trabajadores de planta.
Nosotros habíamos logrado que esos compañeros fueran incluidos en el tercer listado. Pero hubo denuncias que llegaron al Congreso sobre malos manejos en los listados. Por eso se revisó el tercer listado y justo hubo cambio de ministro de Trabajo. El nuevo ministro de Toledo, más intransigente, dice que sólo los trabajadores que estaban en la ley 276 tenían derecho a ser considerados irregularmente despedidos, y no los que están dentro de la 728.
Entonces se vuelve a realizar el tercer listado. Eran tantos y como el gobierno había determinado un tope, sacó expedientes de las pilas, que somos los que quedamos rezagados.
ANS -¿Cómo sigue la lucha de la COORDES?
RLC -Estamos exigiendo el cuarto listado de rezagados y excluidos. El gobierno de Alan García prometió en su campaña electoral que iba a sacar el cuarto listado.
Tenemos que presionar. Las centrales vienen presionando cada uno por su lado. Nosotros firmamos un acto de compromiso con la finalidad de luchar las centrales juntas, en unidad COORDES- CGTP con la CUT y la CTP
ANS -¿Qué piensan hacer para que Alan García cumpla?
RLC -Lo único que nos queda es la radicalización de la lucha. Vamos a correr los riesgos que tengamos que correr. Y si no nos dan una solución haremos huelga de hambre y si no nos dan bolilla tendremos que desangrarnos en la vía pública, que es una cosa muy triste pero tendremos que hacerlo. Tendremos que tomar las acciones más drásticas. Estamos bien preparados.
ANS -¿Qué les dirías a los trabajadores de Argentina?
RLC -Que a nivel de América Latina debemos unificar fuerzas, aglutinarnos y globalizarnos.
Balance y nueva movilización por la personería gremial
Por Luciano Schillaci, secretario gremial de S.I.Me.Ca. y Mariana Collante
El próximo 27 de junio el Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes (S.I.Me.Ca) se movilizará para exigir al gobierno nacional, una vez más, la representación legal de todos los trabajadores del gremio. A nueve años de su creación, S.I.Me.Ca realizó un balance de su trayectoria, sus métodos de lucha y organización.
El comienzo de la actividad se remonta a más de 35 años atrás, cuando los primeros mensajeros llevaban los rollos de película de un cine a otro.
Para la caída de Raúl Alfonsín, y en los inicios del "menemato", se asomaron las primeras camadas de trabajadores motorizados como consecuencia de las nuevas necesidades empresariales y de la pobre situación económica y social.
Aparecieron miles de jóvenes que con la indemnización en la mano se compraban una moto y, de esta manera, encontraban una salida a la desocupación.
En las provincias, la actividad ni siquiera está delimitada y toma otro nombre: "los mandaderos".
Con esta denominación, los trabajadores se ven obligados, no sólo a hacer tramites, sino a realizar todo tipo de tareas como cortar el césped, pintar paredes, o ir al supermercado.
Hacia 1998 el rubro continuaba sin ningún tipo de reglamentación que delimitara los regímenes de trabajo.
Las mensajerias, en muchos casos, solo eran una pequeña pieza en alguna pensión donde el dueño repartía los viajes desde un teléfono de línea y le pagaba un porcentaje al trabajador una vez finalizado el día.
Ante esta situación de total indefensión laboral surgió la primer "asamblea de mensajeros" que bajo este nombre comenzó a convocar reuniones donde los trabajadores del sector debatían sobre sus problemas y se buscaban formas de solucionarlos.
(Foto: Simeca)
La herramienta de los trabajadores organizados
Al tiempo, se fue constituyendo un núcleo de mensajeros que se plantearon la conformación de un sindicato, con una declaración de principios comprometida con la lucha social.
Ya constituido como S.I.Me.Ca se definió una forma de organización que persiste hasta la actualidad. Esta prioriza la participación de todos los afiliados en las instancias de dirección. Como así también, el respeto a las decisiones de las bases durante las negociaciones con los patrones.
Es decir, ser una herramienta de los trabajadores organizados
19 y 20 de diciembre, y otras formas de la misma lucha
Para mediados del 2001 nos movilizamos en rechazo a la ley de ingreso al microcentro, medida que negaba el acceso, a este lugar, de todo vehículo en horario bancario. En esa ocasión fueron atropellados varios manifestantes, lo que originó la reacción del resto y terminó con una camioneta incendiada y enfrentamientos con las fuerzas represivas.
En tanto, el poder del S.I.Me.Ca. se hacía fuerte en el sector y se consagró como sindicato representativo y sin ninguna cobertura legal.
Se plantaba como fuerza obrera organizada que presentaba batalla en los lugares de trabajo. Es necesario destacar hechos como la huelga de la Pizzería "La Ideal", que terminó con causas penales para varios referentes sindicales, o el conflicto de la mensajería Mac Kensy, que otorgó un gran triunfo a los trabajadores.
Durante el estallido de las jornadas de 19 y 20 de diciembre, los mensajeros nos encontrábamos en nuestros lugares de trabajo, en las esquinas y las calles del microcentro, con las herramientas de trabajo. Las bicicletas y las motos jugaron un papel importantísimo en la lucha callejera.
El año 2002 se perfilaba para la pelea legal, por la personería jurídica, o más conocida como inscripción simple, paso previo a la personería gremial.
Para esto, en septiembre del 2004 realizamos una marcha que finalizó con durísimos enfrentamientos con la policía y heridos de parte de los trabajadores y de las fuerzas represivas.
Al poco tiempo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, entregó, en mano, la firma de la inscripción del sindicato.
El rubro es el prototipo de la precarización laboral ya que se trabaja a destajo, esto es, sin goce de sueldo, sin vacaciones, ni aguinaldo. El salario se conforma por un porcentaje de los viajes realizados, a más entregas más ganancia.
Esta actividad de alto riesgo cuenta, al día de hoy, con más de cincuenta mil mensajeros en todo el país. El índice de mortalidad registra: cinco muertos por día a nivel nacional y siete mensuales, en Capital Federal.
(Foto: Simeca)
El próximo 27 de junio nos movilizaremos por la personería gremial, lo que nos permitirá discutir un convenio colectivo para un sector olvidado de todos los gobiernos de turno.
Teniendo en cuenta la trayectoria de S.I.Me.Ca. puede preverse que, otra vez, más que pedir permiso salgamos a dar batalla
La CTERA en la vereda de enfrente de los conflictos docentes
Por Pablo Gandolfo y Enrique Gandolfo
Desde el comienzo del ciclo lectivo se llevaron adelante grandes conflictos provinciales protagonizados por docentes de Neuquén, Santa Cruz, Salta, La Rioja, Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes y Formosa. En Neuquén, las imágenes del asesinato de Carlos Fuentealba provocaron una oleada de indignación colectiva que sacudió al país. La granada que terminó con su vida fue apuntada al corazón de las protestas populares. Estas luchas se sucedieron al margen de la máxima entidad docente a nivel nacional: CTERA.
En las provincias de Neuquen, Santa Cruz, La Rioja, Tierra del Fuego los sindicatos docentes provinciales (ATEN, ADOSAC, AMP, SUTEF) están conducidos por corrientes opositoras al oficialismo de la Confederación Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) liderada por Hugo Yasky. Por su parte, la lucha salteña fue encabezada por docentes auto-convocados ya que el sindicato de base de CTERA, ADP, está conducido por Virgilio Choque, un aliado del gobernador Juan Carlos Romero.
Durante todo el período, la conducción liderada por Hugo Yasky y Francisco Nenna, actuó como una asesoría ad honorem en materia de conflictos docentes, del ministro de educación Daniel Filmus, y solo llamó a hacer un simbólico "campanazo de protesta".
Recién el miércoles 4 de Abril, luego de la represión en Salta en la madrugada, y de que la policía neuquina fusilara al maestro Carlos Fuentealba, Yasky salió a respaldar a los maestros y maestras en conflicto y llamó a un paro nacional .
En su discurso enfatizó que algunas provincias se manejan como "republiquetas", una forma de eludir las evidentes responsabilidades de la política del gobierno nacional hacia la educación pública.
No se trata de una casualidad. Es una concepción del sindicalismo la que conduce a la dirección de la CTERA a un mismo accionar, que se repite desde hace años. Por eso, fragmentó los conflictos provinciales y no implementó una estrategia nacional.
A esto debemos sumarle que Hugo Yasky presentó el aumento salarial de Filmus (que fue parte de los actos de campaña del ministro de educación que ahora aspira a ser jefe de gobierno) junto a él, en la Casa Rosada, y no junto a las trabajadoras y trabajadores de la educación.
Con este acto legitimó la medida gubernamental públicamente antes de consultarlo con la base.
Por ese mismo motivo, Roberto Baradel secretario general de SUTEBA, aceptó una propuesta salarial del Gobierno de Felipe Solá un viernes por la noche; y el domingo, previa puesta en escena de una consulta con la base (en una curiosa aplicación del marketing al sindicalismo, la conducción de SUTEBA reemplazó las asambleas como órganos de decisión, por encuestas), levantó el paro provincial. Este estaba previsto para ese lunes y los y las docentes, de toda la provincia, se preparaban para efectivizarlo.
Esa misma concepción, llevó a la dirección de la CTERA, a simpatizar con Menem en los primeros meses de ese gobierno y a apoyar la Ley Federal de Educación. Esta fue elaborada por los equipos técnicos de FLACSO encabezados por Cecilia Braslavsky. A su vez FLACSO era dirigida por Filmus, que devastó el sistema público. ¿Porque? Porque había otras propuestas peores, y si bien no era lo "ideal" era un "avance".
Luego, condujo a muchos de sus miembros a las listas de la Alianza y a levantar la Carpa Blanca. ¿Porque? Porque en ese momento creían en el gobierno De la Rua y un aumento con plata en negro y descuento gremial (el incentivo docente) fue la excusa suficiente para sacarla.
Ahora, nuevamente la dirigencia de CTERA repite su accionar.
Hoy cree en Néstor Kirchner y algunos individuos aspiran a integrar sus listas. Tienen derecho, los dirigentes de CTERA, a creer en quien gusten. No tiene derecho, a utilizar los puestos a los que acceden gracias a los votos de los afiliados, para escalar posiciones en la mesa del poder, abandonando las luchas de aquellos que les permitieron estar dónde están. No tienen derecho a dejar de hacer lo que deben hacer como dirigentes sindicales elegidos por su base, para pasar a desempeñarse como asesores "ad honorem" de los funcionarios de turno.
Menem, De la Rua o Kirchner no son lo mismo. Cada uno de esos gobiernos tuvieron una concepción del rumbo económico que debían tomar, de la relaciones internacionales que debían sostener y del modo de relacionarse con las organizaciones populares. Cada cual a su modo, con matices, y aun diferencias sustanciales entre ellos. Sin embargo, todos coinciden en algo. Se trata de distintos proyectos dentro del abanico de posibilidades que presentan las clases dominantes. Todos esos gobiernos representan a distintas fracciones del poder.
La situación abierta por las grandes luchas provinciales interpela el núcleo duro de la política de CTERA: el abierto compromiso de su conducción con la política educativa nacional y el apoyo explícito a las leyes de Financiamiento Educativo, de Enseñanza Técnica y de Educación Nacional. También, su negativa a poner en el centro del debate y de la lucha otro eje central de la política de gobierno: adonde va el superávit fiscal, a favor de quienes se distribuyen los cuantiosos recursos públicos. En definitiva precisar a favor de quiénes se gobierna.
Las ejemplares luchas de Neuquén, Salta y Santa Cruz ponen de manifiesto la contrapartida de esas políticas de conciliación. Su signo distintivo son la democracia asamblearia, el protagonismo de la base en la toma de decisiones y la masividad de las acciones de lucha.
Abrir estos canales de participación es lo que no pueden hacer aquellos dirigentes con ataduras hacia el poder político.
Con su compromiso, sus ideas, su voluntad y su coraje los trabajadores y trabajadoras de la educación de las provincias han mostrado otro camino de construcción de la fuerza colectiva. Un camino que puede extenderse y ampliarse.
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