Volver a: Portada > Red de Jóvenes del Cono Sur: Memoria, Verdad y Justicia
PROPUESTA DEL GRUPO POR LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
COLOMBIA
Algunas Consideraciones sobre la Memoria y el Conflicto Colombiano
Nos adscribimos a las orientaciones consignadas en el Manifiesto de Memoria, Verdad y Justicia, sin embargo, consideramos necesario hacer un aporte que contribuya a generar mayores precisiones sobre el tema desde la experiencia colombiana, tal cual como nosotros la interpretamos. En este sentido, antes de hablar sobre los ejes que consideramos en nuestra propuesta de trabajo, creemos necesario hacer una rápida y somera reflexión sobre la relación de la memoria con el conflicto colombiano que ayude a mirar los contrastes.
Procesos sociales conflictivos y traumáticos vividos en Chile, Bolivia y Perú como la Guerra del Pacífico y las dictaduras que conllevaron desapariciones, represión y asesinatos, fueron procesos ya dados que como hechos se tienen en el pasado, pero que siguen causando reacciones en el presente. Además, y esto es innegable, sus consecuencias se viven aún de una manera colectiva. En este sentido las reflexiones sobre las memorias van atadas con la necesidad de la verdad y la justicia miradas en perspectiva. Las huellas y los dolores han quedado. A pesar de ser hechos ya cumplidos, un buen sector de la sociedad mantiene la necesidad de que no sean olvidados. En el rescate de la memoria, se busca conocer la verdad de los hechos conflictivos y traumáticos, y, de esta manera, identificar a los culpables. Existe a su vez la exigencia de que la justicia caiga sobre los responsables con una sanción social, penal o moral. Asimismo, acompaña a este rescate de la memoria, en contra del olvido, la pretensión de que no se vuelva a repetir o que se reparen sus secuelas en el presente, o en el futuro.
En contraposición el caso de Colombia, en algunos aspectos resulta aún más complejo. El conflicto en Colombia está vivo, el recuerdo se confunde con lo que acontece en el presente, y en esta mezcla entre lo que se ha vivido y lo que aún se vive se ensombrece el futuro. Desde el periodo conocido en nuestra historiografía como La Violencia, de 1946-1964, Colombia ha vivido una continua confrontación social y armada. En este periodo sangriento hasta 1957, desatado con más fuerza después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, se vivió un enfrentamiento entre Liberales y Conservadores, donde los gobiernos conservadores aplicaron una política de exterminio físico del partido Liberal en sus bases populares, lo que obligó a estos últimos a armarse en guerrillas. Después de esta confrontación que fue una guerra civil no declarada ni reconocida por las elites partidistas y que dejó un estimado de 300.000 muertos, vendrá una guerra desde el gobierno contra grupos Bandoleros y guerrilleros que aún seguían luchando, cada vez más cercanos estos últimos a ideologías revolucionarias. Detrás de la confrontación partidista se escondían intereses económicos sobre regiones estratégicas y sobre tierras. Muchos campesinos fueron expropiados con acciones violentas en contra de ellos.
En 1964 ante la represión del gobierno a organizaciones autogestionarias de campesinos con orientación comunista, surgiría una guerrilla con un carácter ofensivo más que el de defensa que tenían antes: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Este mismo año por iniciativa de estudiantes revolucionarios surgiría el ELN (Ejercito de Liberación Nacional). De aquí en adelante se desatará una persecución al movimiento guerrillero, que en ese momento gozaba de un gran apoyo social, en las ciudades sobre todo de la participación y simpatía entre los intelectuales y estudiantes. Sin embargo, es al final de la década de los setenta y en la década de los ochenta donde la violencia volverá a ir adquiriendo visos de barbarie. (Ver gráfico)
La historia de la época de La Violencia, parecía, se comenzaba a repetir pero con actores más definidos socialmente. Surgía con toda su fuerza la propuesta paramilitar como estrategia contrainsurgente de guerra de baja intensidad, en el marco de la doctrina de Seguridad Nacional. “Quitarle el agua al pez”, era la consigna del establecimiento. Escuadrones de la muerte en las ciudades y bandas armadas que protegían los intereses de los Terratenientes y ganaderos en el campo, es la manifestación de dicha estrategia. En el gobierno de Julio Cesar Turbay (que bajo tierra y tormento siga descansando), se desató la llamada “Guerra Sucia”, muerte y desaparición sistemática de sindicalistas y líderes sociales; deslegitimación de la protesta bajo la figura de desorden público, todo esto desprendido de su obra perversa, el “Estatuto de Seguridad”.
En el campo, a finales de la década de los ochenta, comienza a ser pan de cada día las masacres sobre poblaciones de campesinos indefensos y los asesinatos de líderes locales y nacionales de la izquierda o de los movimientos sociales. Es el periodo de la masacre de la Unión Patriótica (UP), partido de izquierda; sus militantes son sistemáticamente asesinados desde el surgimiento de este partido en 1987. En 1992 la UP ya realmente está desarticulada a punta de plomo y represión: se calcula que fueron asesinados 3.000 militantes de este partido. En la década de los noventa se vive una profundización del conflicto, lo político es progresivamente reemplazado por las exigencias de la confrontación militar. Adquiere unos visos demenciales. Ser señalado de guerrillero o colaborador se convierte en el preludio de la muerte para muchos campesinos y habitantes urbanos en Colombia.
El desplazamiento masivo de poblaciones se convierte junto con las masacres en noticia cotidiana, la mayoría de la gente en las grandes ciudades se hastía, la barbarie se vuelve cotidiana y casi se naturaliza. En los noventa los paramilitares son reconocidos legalmente por el Estado a través de la creación de cuerpos de vigilancia y justicia privada, las llamadas CONVIVIR: se le da la potestad a particulares para que ejerzan labores militares y de policía en las ciudades, pueblos y veredas. Los Paramilitares crecen de una manera exponencial en esta década atados al negocio del narcotráfico. Por el otro lado la guerrilla de las FARC –que ahora añaden a su sigla las letras EP, ejército del pueblo, lo que refiere una reorientación de su política de guerra desde la frustrada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que a mediados de los ochenta quiso poner en sinergia a todas las principales organizaciones guerrilleras de Colombia—, se beneficia de los cultivos de coca para financiar la guerra contra el Estado. En una de las publicaciones de las FARC-EP, Resistencia, se justifica el cambio de las estrategias de recaudo en el creciente gasto del Estado en contrainsurgencia; se argumenta que no se puede sostener una guerra con rifas ni basares.
Narcotraficante y paramilitar comienzan a ser la misma cosa. El poder destructor y de masacre de los paramilitares crece cada vez más, su fuerza ya no se limita al apoyo del ejército, de los ganaderos y de los terratenientes. Su radio de acción se amplía gracias al apoyo de mayores sectores de la clase política y empresarial. Los canales institucionales del Estado son reemplazados por los instrumentos de coacción paramilitar en ciudades intermedias, pueblos, caseríos y veredas. Todo este proceso lleva a lo que vivimos actualmente, un gobierno fundado en el poder de los paramilitares, el narcotráfico y la derecha.
Se calcula que existen dos o tres millones de desplazados victimas de la guerra (En realidad según los datos de una ONG dedicada al tema del desplazamiento forzado Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), calculaba en 3,662,842 el número de desplazados entre 1985 y 2005, sin embargo, hasta el año de 1994 la cifra de desplazados llegaba a 720.000, lo que indica un aumento extraordinario de acuerdo con el incremento del conflicto y con el crecimiento paramilitar, del 2000 al 2005 esta ONG calcula que hubo 1,819.842 colombianos desarraigados expulsados por la fuerza del conflicto de sus tierras y poblaciones-Ver página de CODHES, o un buen resumen en la página de IDMC: Internal Displacement Monitoring Central). Hay aproximadamente cinco millones de colombianos viviendo en el exterior como consecuencia del conflicto político y social que vive el país (Según las cifras suministradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores se estima en 4'243.208, es una cifra un poco subestimada en todo caso). Cerca del sesenta por ciento de la población vive en pobreza, y más o menos un diez y ocho a un veinte por ciento vive en la indigencia. La guerra social y política se solapa bajo el conflicto armado.
El pasado de Colombia, los traumas de ese pasado, se siguen viviendo en su presente. No acabamos de asimilar una noticia trágica cuando se viene otra. Ahora mismo como producto de la negociación con los líderes paramilitares ha surgido una cantidad de información que vincula a personajes de la política nacional --algunos ya están presos. Sin embargo, se levantan voces que llaman a una ley de Punto Final, de perdón y olvido, convocando como solución un plebiscito que decida. Cómo si esa demagogia y democraterismo simplón se pudiera aplicar a crímenes como éstos.
No se ha terminado la guerra. Las estructuras paramilitares están casi intactas y en algunas regiones incluso más fortalecidas; todo parece indicar que la confrontación no amainará en los próximos años. Si no hay justicia y reparación con este proceso, y si en verdad no se desarticulan las estructuras paramilitares y, por lo menos, si no se les devuelve la tierra a los campesinos expropiados, las posibilidades de paz están muy lejanas y la barbarie estará allí, no será parte del pasado.
Esto es una mirada rápida del conflicto en Colombia, pero lo que queremos es hacer notar lo complejo de esta situación. Vivimos ante todo una guerra social, que se expresa con los niveles de miseria de nuestra gente, con la migración masiva a otros países, con la delincuencia y por supuesto con la confrontación militar. Las masacres, desapariciones (se calcula en treinta mil las personas desaparecidas por los Paramilitares en los últimos veinte años), expulsiones de población, desplazamiento forzado y los homicidios de líderes sociales, ha sido la solución de las elites políticas y económicas ante la guerra social. Mientras tanto la concentración de la tierra es mucho mayor ahora que hace diez años, y la desigualdad en la distribución del ingreso es aún más marcada.
Este trauma social expuesto grosso, ha reafirmado dos cuestiones fundamentales: el declive y desaparición tanto de la protesta organizada como espontánea; así como el recrudecimiento del ethos conservador, individualista, consecuencia de una política represiva efectiva y omnipresente, que agudiza la noción del sujeto privado, aislado.
Esperamos que este visaje rápido sobre una realidad que se merece un análisis más detenido y profundo sugiera puntos de comparación con las vivencias de nuestros hermanos chilenos, bolivianos y peruanos integrantes visibles por ahora, de este grupo de necesaria pretensión subcontinental.
Manuel Durán
Jhosman Barbosa
Boris Caballero
Dirección
Grupo por la Integración Latinoamericana - Colombia
Mayo 31 de 2007
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