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Buenos Aires oculta
Las complejidades de la memoria
Por: Martín Lozada* (RIO NEGRO ON LINE)
06 de junio de 2008
Los pueblos que han transcurrido por momentos traumáticos de su historia suelen verse envueltos en la necesidad de procesar ese pasado. El modo en que se lo narra y se lo transmite constituye un episodio central de esa revisión colectiva. Así ha quedado en claro luego de la experiencia nacional socialista en Europa, de las maldades francesas en Argelia o tras las décadas del franquismo en la sociedad española, por tan sólo citar unos pocos ejemplos conocidos.
La sociedad argentina no es una excepción. A punto tal que algunas de esas circunstancias suelen verse reflejadas en trámites judiciales. Es lo que ha sucedido en el asunto resuelto semanas atrás por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la exhibición de placas de intendentes que ejercieron funciones de facto en el frente del edificio de la jefatura de gobierno.
La parte actora resultó ser la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la demandada el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La primera solicitó la remoción de las placas en las que se mencionaban a funcionarios públicos que accedieron a sus cargos mediante vías de hecho violatorias del orden constitucional y violaciones de los derechos humanos.
El tribunal sostuvo que aun cuando la colocación de las placas en la fachada del edificio no hubiera tenido el propósito de rendir un homenaje, sino simplemente exponer los nombres de quienes ejercieron la función, lo cierto es que la mención indiscriminada de quienes usurparon el cargo junto con aquellos que accedieron a él legítimamente, vulnera los principios democráticos que sustentan las instituciones de nuestra república.
Y más aún, consideró que ofende el derecho a la verdad y, por lo tanto, no contribuye a la construcción de la memoria social asentada en la realidad histórica. Afirmó, además, que tipificada y reprimida como delito la conducta de quienes se alzaren en armas para deponer a alguno de los poderes del gobierno, la exhibición en un edificio público de los nombres de funcionarios de facto designados por el gobierno militar surgido de un golpe de Estado, resulta claramente ilegítima.
Recordó que existe una obligación del Estado consistente en la búsqueda de la verdad histórica, como paso previo para reconstruir las instituciones de la república y defender sus valores en el seno de la democracia. Ahí se encuentra y cristaliza el compromiso consistente en afianzar sus propia existencia, lo cual invalida conceder igual homenaje a las autoridades de iure, respecto de quienes usurparon el poder y aniquilaron la república.
Se ha sostenido que el derecho a la verdad se vincula con el derecho a la información en posesión del Estado, lo cual comporta implícitamente un deber de investigar para conocer la verdad y difundir los hechos que hayan podido establecerse de manera fehaciente. Luego, frente a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, es una obligación estatal esclarecer la verdad histórica, no sólo ante las víctimas sino ante toda la sociedad.
En el marco de la causa, con el objeto de impulsar todas aquellas acciones tendientes a transmitir y preservar la memoria de lo sucedido en tiempos de la última dictadura militar, la Subsecretaría de Derechos Humanos propuso crear una comisión de trabajo integrada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad Ejecutora de Proyectos de Sitios de Memoria.
Comisión destinada a investigar hechos de esta naturaleza y promover la remoción de las placas de homenaje que mencionen a funcionarios públicos que hubieran accedido a sus cargos mediante vías de hecho violatorias del orden constitucional o a personas que registren antecedentes de violación de los derechos humanos.
Ante las complejidades planteadas por la necesidad del recuerdo y la transmisión, el historiador Saul Fiedlander sostiene que no hay modo de imponer la memoria en las sociedades abiertas. Toma como ejemplo el Holocausto, cuya memoria, afirma, parece seguir viva hagamos lo que hagamos a favor o en contra de ella. Aun cuando podría creerse que el paso del tiempo puede silenciar su recuerdo.
Destaca que tal vez ello se deba a que aquél, como otros crímenes contemporáneos, remiten a problemas no resueltos para la conciencia o el intelecto de muchos occidentales y de la civilización cristiana. La cuestión de por qué fueron exterminados los armenios en Turquía o los judíos bajo el imperio del Tercer Reich, o la relativa a cómo gente ordinaria puede convivir con la peor criminalidad, no tiene una respuesta clara.
Y tal vez justamente por eso, ante una perturbación de tal magnitud, la memoria permanece activa por sí misma y no se puede controlar como un flujo fácilmente manipulable.
Como se aprecia, además de los recuerdos institucionalmente fomentados, de los sitios y de los museos destinados a territorializar la memoria, es necesario que esa perturbación esencial continúe con la interpelación a los ciudadanos del presente. Sin ella, los recuerdos y conmemoraciones corren el riesgo de terminar siendo rituales carentes de significación colectiva y dimensión pedagógica.
* Martín Lozada es Juez de Instrucción y profesor de Derecho Internacional Universidad FASTA, Bariloche.
