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Testigo en caso de juicio a represores sigue desaparecido
Página/12 - 30 de septiembre de 2006
Por Laura Vales
Ante las amenazas recibidas por jueces, fiscales y testigos de causas en las que son investigados represores, la Corte Suprema pidió al Gobierno que otorgue garantías de “la debida protección” a las personas que intervienen en los juicios. Los ministros se dijeron “profundamente preocupados” por la situación: señalaron que “la vigencia del Estado de derecho” y “la independencia del Poder Judicial” no toleran “este tipo de actitudes antidemocráticas”. El reclamo fue formulado en una jornada en la cual hubo una nueva ola de intimidaciones. Una de ellas contra Nilda Eloy, quien atestiguó, como Julio López, en el juicio oral que condenó a prisión perpetua al comisario Miguel Etchecolatz. Como se sabe, López está desaparecido desde hace trece días. Nilda fue a un canal de televisión para dar una entrevista sobre el tema; cuando volvía a su casa acompañada por su hija, sonó su celular. Atendió la hija, para escuchar el audio completo de la nota que Nilda acababa de dar.
El pedido de la Corte no fue la única reacción en el ámbito de la Justicia ante esta vuelta del pasado. Por la mañana, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, ordenó a los fiscales que elaboren un listado de las personas convocadas a declarar en los próximos juicios orales contra el terrorismo de Estado, con el objetivo de que se les aplique los programas especiales de protección de testigos.
En la Procuración no tienen todavía estimado qué cantidad de personas deberán declarar. Se sabe, sí, que tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se abrieron procesos en siete distritos: la Capital Federal, Córdoba, Resistencia, Posadas, La Plata, Mar del Plata y Tucumán.
Los programas de protección, que dependen del Ministerio de Justicia, se aplican solamente por pedido de un magistrado o de un fiscal. El caso más conocido es el de Mario Pontaquarto, el arrepentido del pago de las coimas en el Senado. Durante un plazo acotado en el tiempo, el testigo considerado en riesgo percibe un subsidio y, de acuerdo con el riesgo en que esté, puede acceder a la posibilidad de mudarse o incluso cambiar de identidad.
Las amenazas
El encargado de concentrar la información y mantener el listado de testigos al día será Félix Croux, fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos. Righi instruyó también a los fiscales para que presenten una denuncia formal cada vez que reciban amenazas o “tomen conocimiento de que otras personas las hayan recibido”. Por último, ordenó que la Unidad de asistencia del fiscal Croux intervenga “en carácter de coadyuvante, en forma conjunta o alternada”, en los expedientes que se abran como consecuencia de estas denuncias.
Ayer las hubo una detrás de la otra, hasta llegar a la decena:
- En Formosa, el juez federal Marcos Bruno Quinteros y el fiscal Nery López, quienes investigan la desaparición del abogado paraguayo Fausto Carrillo, recibieron cartas anónimas. Eran del mismo tipo que las que llegaron el miércoles y jueves por correo a otros juzgados.
- En Rosario recibió una carta el fiscal federal Francisco Sosa. El panfleto advierte: “Esta farsa tendrá su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo de juez, fiscal o defensor deberán rendir cuentas ante un tribunal particularmente imparcial”.
- En Mendoza, el anónimo fue dirigido al juez federal Walter Ricardo Bento, quien investiga entre otras causas el asesinato de Francisco “Paco” Urondo, ocurrido en esa provincia en junio de 1976. En el texto se lo invita a renunciar porque el cargo le “queda grande”. Uno de los procesados por Bento es Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del III Cuerpo de Ejército.
- En Salta, el juez Miguel Medina reveló que los fiscales Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba habían recibido también intimidaciones. La primera de las cartas les llegó el jueves al mediodía en un sobre oficio blanco, cerrado con sello y estampilla.
- En Catamarca, se sumaron a la lista el juez y el fiscal federal. Los autores de la intimidación, evidentemente desactualizados, enviaron el sobre a nombre del magistrado anterior, Pedro Armando Navarro, y no al juez hoy a cargo, Ricardo Moreno.
Las cartas fueron enviadas por Correo Argentino y despachadas desde sucursales porteñas ubicadas en la avenida Pueyrredón y Villa Urquiza.
Así, las intimidaciones se extendieron; inicialmente las habían recibido el juez Carlos Rozanski, titular del tribunal que condenó a Etchecolatz, y luego sus colegas de Tucumán, Bahía Blanca, Santa Fe, La Rioja y la Capital Federal.
El pedido de la Corte
Cuando los ministros de la Corte Suprema difundieron su reclamo todavía no se conocían las últimas amenazas. Es posible que en estas horas estén llegando más, ya que se mueven al ritmo de la distribución del correo. Quien las haya enviado no necesitó de grandes recursos: alcanza con la información publicada en los diarios y una guía judicial. Una inversión mínima, si se tiene en cuenta la gran repercusión conseguida. Pero su repercusión no hubiera existido sin la desaparición de Julio López.
Los ministros de la Corte redactaron su pedido en una reunión presidida por Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, en la que se conformó una comisión “de protección de la independencia judicial”.
“Requerimos a los poderes públicos que garanticen la debida protección y seguridad para los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que tienen a su cargo la investigación de eventual acusación y decisión en estas causas”, consignaron en el comunicado. “Es necesario garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional, la debida protección de los testigos y bregar para que este tipo de hechos no se reiteren y tengan esclarecimiento y adecuada respuesta en el marco legalmente previsto”
En el texto, remarcaron “la profunda preocupación de los participantes por las amenazas recibidas por jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas a violación de los derechos humanos, pues la plena vigencia del Estado de derecho, con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas”.
Reaparecen los viejos fantasmas
por Nancy Garín, desde Buenos Aires
"En una sentencia histórica la condena a prisión perpetua a ex represor argentino crea nuevas figuras legales, abre nuevas posibilidades para juicios de derechos humanos, pero también reedita viejas prácticas criminales y viejos temores que se creían olvidado".
El pasado 19 de septiembre el juez Carlos Rozansky, junto a Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo, miembros del Tribunal Nº1 de la ciudad de la Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, hicieron historia. La alegría y esperanza de los miles de familiares de detenidos desaparecidos no se hizo esperar tras un duro y rotundo veredicto que condeno al ex director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz a Cadena Perpetua por los "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un Genocidio" correspondientes a la última dictadura militar Argentina.
Sin embargo esa alegría se vio rápidamente opacada por la desaparición del uno de los principales testigos de este caso, Jorge Julio López. Albañil de profesión, este peronista de 77 años que paso 3 años en un macabro tour por los principales centros de tortura de la provincia de Buenos Aires, como el llamado Pozo de Arana, Rodas, Cuatrerísimo de Arana y las Comisarías 5ª y 8º de la Plata. En todos estos lugares tuvo la ocasión de encontrarse con Etchecolatz.
Su testimonio junto al de Nilda Eloy fueron claves en el juicio ya que fueron testigos del asesinato del matrimonio Dellorto- De Marco, uno de los casos de la querella que condeno al ex policía bonaerense.
Si bien desde el comienzo el gobierno ha manejado dos hipótesis, la primera sostenida por sus familiares que dice que López habría salido por sus propios medios y que posiblemente se habría perdido y una segunda hipótesis manejada por los abogados y organismos de Derechos Humanos que afirma que fue secuestrado. Por el tiempo pasado -casi dos semanas desde su desaparición- y por las por las claras señales que acompañan esta desaparición, como las numerosas amenazas recibidas por testigos, familiares e incluso 8 jueces, entre ellos el propio juez Rozansky, que trabajan casos de Violación de Derechos Humanos, hace pensar que la segunda hipótesis es más certera.
Incluso a pocos días de entregar la sentencia a Etchecolatz y cuando ya se sabía de la desaparición de López, en las cercanías de la ciudad de la Plata, en un sitio donde eran arrojados restos de desaparecidos apareció un cuerpo incinerado, que aún no ha sido reclamado, reproduciendo los métodos usados por los servicios de seguridad durante los años 1976-1983.
"Para nosotros estas son claras señales, incluso de carácter mafioso y esto no es sólo por el tema de como afectara a otros miembros de las fuerzas policiales que deberán enfrentar juicios, sino que es una señal al gobierno frente al proyecto de reforma a la Policía Bonaerense", señala Gloria Godoy, abogada querellante en el caso Etchecolatz.
Para Nilda Eloy, la testigo que junto a López fueron claves en las condenas al Ex director de Investigaciones de la policía, "es un mensaje muy claro de "Acá estamos y todavía podemos y esto no es raro ni nuevo porque desde que empezó el juicio estamos recibiendo amenazas".
Incluso a pocos días de la desaparición de López el propio jefe de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Sola, lo califico como el primer detenido desaparecido en democracia.
Una Cuestión Política
Pero tanto las amenazas recibidas por testigos, familiares y hasta jueces, como la desaparición de López han desatado no sólo los temores de quienes tuvieron que vivir los años oscuros de la dictadura, sino que han abierto una serie de interrogantes a nivel político desde las distintas posiciones frente al gobierno y su política de Derechos Humanos y también interrogantes sobre la actual situación de los servicios de seguridad y grupos operativos que actuaron durante la llamada "guerra sucia".
"Nosotros nos vinimos a enterar recién ahora, en una reunión hace unos días con el jefe de gobierno de la provincia que sólo en las filas de la policía bonaerense hay 60 policías activos que participaron durante la dictadura. No imaginamos entonces cuántos más habrá en el ejercito, la armada, la Fuerza Aérea", señala Nilda Eloy.
Entonces no entendemos y creemos que ya hay que pasar realmente de las palabras a los hechos. Si bien las condiciones son diferentes, la impunidad aún persiste y lo que reclamamos es que de una vez el gobierno diga "basta, se acabo." Para Nosotros está claro que esta gente sigue operando y Etchecolatz tiene sus simpatizantes," agrega.
Pero el gobierno ha sido más cauteloso y si bien se han producido algunos tire y afloje entre el gobierno nacional y el gobierno provincial -hay que tener en cuenta que Argentina tiene un Estado federal donde las Provincias tienen gobiernos autónomos- sobre todo en los primeros días, la gravedad de los hechos los ha llevado a unificar criterios y discursos.
Incluso, la Secretaria de Derechos Humanos del Gobierno Nacional no se ha pronunciado y ha dejado que sea el propio Kirchner quien muestre el nivel de preocupación del gobierno. Así mientras 20 mil personas marchaban por las principales avenidas de Buenos Aires exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López, en un sentido discurso el presidente señaló que se brindaría toda la estructura que tenga el Estado para la protección a los testigos y tendría la mejor disposición frente a los jueces. "Vemos con profundo dolor lo que esta pasando. Estén atentos, argentinos, no podemos dejar que se vuelva a repetir el pasado" enfatizó el mandatario.
El gobernador Sola por su parte ya había salido al paso dando a conocer no sólo las medidas de protección a los testigos de casos de Derechos Humanos, sino adelantando los cambios dentro de la policía bonaerense. Esto puede ser leído como un simple "acelere" del gobernador o una presión ad puertas de una nueva campaña electoral para el 2007.
Incluso desde la secretaria de Derecho Humanos del Gobierno Provincial se está llevando una fuerte campaña de difusión a todo nivel, no sólo para dar con el paradero de López, sino para explicar la relevancia que tuvo su testimonio y el juicio en el cuál participo como testigo.
"Además de las medidas de rastrillaje y búsqueda de la secretaría de Seguridad y de todas las medidas del Ministerio del Interior, creemos que es importante mantener una campaña de información que contenga a quienes actuaran como testigos en otros casos y que la gente sepa que importancia tienen esclarecer caso de Derechos Humanos", señaló a La Nación el vocero de dicha secretaría.
Pero el tire y afloje no termina y ha comenzado a trasladarse a otros espacios como los propios organismos de Derechos Humanos. El pasado jueves la dirigenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini le bajó el perfil al albañil desaparecido poniendo en duda su relevancia como testigo y afirmando que todo esto no era más que una campaña contra el gobierno de Néstor Kirchner. La respuesta de Bonafini se dio frente a la marcha del día anterior que pedía la "Aparición con Vida" de López. "No podemos permitir que se digan los disparates que se dijeron", enfatizó.
Lo que sí está claro es que las dudas crecen con el pasar de los días y más cuando se sabe lo relevante del testimonio de Jorge Luis López. " López sería además un testigo clave en nuevos casos por Violación de Derechos Humanos en las cuales estarían involucrados miembros de esta fuerza policial, señala la abogada de DD.HH Marta Vedio. "Datos que salieron del juicio a Etchecolatz y que dieron pie a nuevos juicios y nuevos posibles culpables y en los que él iba a ser nuevamente testigo", agrega.
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