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El desafío de echarle el guante a la amnistía
La iniciativa partió de la AFDD, que espera que los partidos de la Concertación tengan esta vez la voluntad política de anularla. En la práctica, las cortes demuestran que, de todas maneras, no la están aplicando.
Jorge Escalante - La Nación - 4 de octubre de 2006
El 30 de agosto pasado fue el día en que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) pidió al senador Camilo Escalona que se concretara la reunión con los presidentes de los partidos de la Concertación para, de una vez por todas, obtener de éstos un compromiso real de poner fin a la amnistía para los crímenes cometidos durante la dictadura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
La AFDD tenía claro que si bien antes existieron intentos de los partidos de Gobierno en ese sentido fracasados por distintos motivos, ahora era el momento de obtener del bloque oficialista un compromiso formal porque, por primera vez, la Concertación tiene mayoría en ambas cámaras.
Así, queda claro que la iniciativa fue de la AFDD y no de los partidos oficialistas.
No obstante, más allá del asunto aritmético en el Parlamento, para los detractores de la amnistía la cuestión de fondo sigue siendo si esta vez hay voluntad política para anularla. Porque los familiares de las víctimas no quieren una simple derogación. Y la diferencia no es banal.
Sucede que al anular el Decreto Ley 2.191 es como si nunca existió. No continúa teniendo efecto a futuro sobre los procesos abiertos.
A diferencia de una simple derogación, donde la ley sí sigue teniendo efectos posteriores bajo dos principios del derecho que se relacionan: el llamado “pro reo”, que los jueces pueden en este caso aplicar en favor de militares y civiles porque es más beneficioso para ellos, amparado en el otro concepto de la “ley vigente” al momento en que se cometió el delito. Y los jueces los aplican. Por ello, el punto es fundamental para la AFDD.
En tanto, se esperan reacciones desde el otro lado de la barricada: la derecha, los militares en retiro, pero también las Fuerzas Armadas en servicio activo, aunque de este último sector de forma sutil y no pública y directa, pero efectiva al fin, como ha quedado demostrado en muchas oportunidades después de 1990.
Si bien oficialmente no se conoce la posición del Ejército a través de su actual comandante en jefe, general Óscar Izurieta, al menos la opinión en privado del anterior comandante, general Juan Emilio Cheyre, era rotunda a favor de mantener la amnistía.
De esta manera, a juicio de abogados de derechos humanos que prefieren no entrar públicamente al debate esperando la respuesta de la Concertación, para “no echar pelos a la sopa”, está por verse si los partidos oficialistas mantendrán su compromiso con la AFDD cuando arrecien las críticas desde el sector aún comprometido con la pasada dictadura.
En las cortes
Algunos piensan que, en la práctica, la discusión de anular o derogar el decreto de ley de amnistía está de más, porque no será sin costos políticos que después la derecha cobrará.
Esto porque, hasta ahora, el único juez a cargo de procesos que la aplica favoreciendo a los culpables es el ministro Víctor Montiglio.
No obstante, la gran mayoría de los ministros que integran las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago donde radican la inmensa mayoría de las más de 300 causas existentes que siguen abiertas, no son partidarios de la amnistía y ya Montiglio sufrió derrotas, al revocárseles algunas de sus resoluciones en ese sentido.
Más opuesta aún a sostener la amnistía es la Sala Penal de la Corte Suprema, como lo ha demostrado, decisión reforzada con la llegada del juez Hugo Dolmetsch.
Por otro lado, si los partidos de la Concertación mantienen el compromiso asumido con la AFDD y sus parlamentarios anulan el DL de amnistía, por primera vez el Estado chileno daría cumplimiento a los reiterados requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que anule este beneficio. Ello, bajo el concepto de que, de acuerdo con la legislación internacional de derechos humanos que el propio Estado chileno firmó y ratificó, los crímenes de guerra y de lesa humanidad son inamnistiables y no prescriben por el paso del tiempo.
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