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Nunca más masacrados, nunca más indefensos,
nunca más desarmados
Por: Igor Goicovic Donoso
A un siglo de la matanza de Santa María de Iquique, se yergue la dignidad obrera por todo Chile y el mundo.
A las tres y media de la tarde del sábado 21 de diciembre de 1907, bajo un sol de justicia, una multitud de obreros y obreras de las salitreras del Norte Grande de Chile se apretujaban en la Escuela Domingo Santa María, de la ciudad portuaria de Iquique. Frente a ellos y ellas, las bocas negras de los fusiles del ejército esperaban a detonar toda la ira de los empresarios gringos y los oligarcas locales, frente a "tamaña y extraña sedición". Los trabajadores bajaron desde toda la pampa de Tarapacá, por miles, a exigir a las autoridades la supresión de las durísimas y penosas condiciones de trabajo que imponían las empresas extranjeras, obviando las leyes chilenas. El gobierno de pedro Montt se negó a aceptar la totalidad del petitorio de los obreros, quienes fueron asesinados por el fuego de las ametralladoras chilenas aquella tarde. El número de muertos se cifra en 3.600 trabajadores según algunos especialistas, pero otras fuentes cifran los decesos en muchos más.. Ellos y ellas, chilenos, peruanos, bolivianos, argentinos y algunos europeos, engrosan las listas de caídos en el transcurso de una de las monstruosidades más grandes cometidas contra el Movimiento Obrero. Un nombre, sin embargo, quedará maldito para la posteridad, quien dio la orden de abrir fuego: el general de ejército Roberto Silva Renard. El historiador chileno Igor Goicovich, presenta en el siguiente artículo una tesis sin duda de gran actualidad, donde se repasan conceptos como impunidad, la violencia revolucionaria o el derecho legítimo de los trabajadores de defenderse de los opresores.
Históricamente el orden burgués, -impuesto por las élites oligárquica, empresarial o militar- ha operado con implacable severidad con los sectores populares y con extraordinaria generosidad con sus verdugos. Castiga a los transgresores populares y exculpa a sus verdugos. De esta manera los dispositivos de seguridad del Estado, particularmente desde el período de la Prusianización de fines del siglo XIX, hasta llegar a la difusión de la Doctrina de Seguridad Nacional de comienzos de la década de 1960, han destacado por su implacable celo represivo. Efectivamente, en ambos casos, y durante toda la etapa en cuestión, los militares chilenos alimentaron un profundo odio y desprecio por la clase obrera y sus vanguardias políticas. Ello se expreso manifiestamente en las sucesivas acciones represivas que desplegaron en contra del movimiento popular a lo largo de todo el siglo XX: Valparaíso (1903), Santiago (1905), Escuela Santa María de Iquique (1907), San Gregorio (1921), La Coruña, Pontevedra y Barnechea (1925), Copiapó y Vallenar (1931), Ranquil (1934), Santiago (1946), Valparaíso y Santiago (1957), El Salvador (1967), Puerto Montt (1969), entre otras. Es más, el aparato de Estado en su conjunto, su base social de apoyo y los medios de comunicación subordinados al mismo, legitimaron las masacres y expusieron a sus víctimas como acreedores del castigo.
Pero a contrapelo de lo que se puede esperar, la izquierda en Chile (social y política) no ha reaccionado de manera violenta contra la agresión represiva. Por el contrario, queda la impresión de que las organizaciones populares han privilegiado la denuncia candorosa de los mismos hechos que el enfrentamiento social necesariamente detona. Es decir, han intentado convencer a la sociedad en su conjunto que el sacrificio popular es tan sólo el precio a pagar en la lucha por la emancipación social. Para ello han optado por la denuncia política, utilizando los espacios públicos que les facilita la élite dominante, y han recurrido permanente e inútilmente a los tribunales de justicia para demandar sanción para sus ofensores.
En este escenario ¿qué alternativa queda para los sectores populares más directamente afectados por el accionar represivo?; ¿qué pueden hacer los familiares de los caídos?, ¿cuáles son las opciones que deben guiar la conducta de los compañeros y camaradas de los asesinados? A nuestro juicio una alternativa es la legítima reacción de los afectados. Es decir, personalizar la represión estatal en sus figuras más señeras y descargar sobre ellas la ira y el resentimiento popular; alcanzar por un instante la mínima satisfacción de la revancha; alzar la venganza política y personal como contradiscurso frente a la impunidad; advertir a los detentadores del poder que ni en sus inmaculados pasillos y salones, ni en el sosiego de sus hogares, ni en la comodidad de sus vehículos, lograran la seguridad suficiente que les permita escapar del vendaval popular que ellos mismos desataron.
Pero también es necesario avanzar en la reconstrucción del tejido social en nuestras localidades; hacer esfuerzos para conformar y coordinar un movimiento de masas anticapitalista, radical y combativo; y ser particularmente conscientes de la necesidad de una vanguardia revolucionaria (amplia y compartida), que se coloque a la cabeza del proceso de transformaciones que la sociedad chilena requiere. La justicia histórica, aquella que debe reparar los agravios y satisfacer las demandas de las clases populares en Chile, no surgirá de los tribunales burgueses, ni será el resultado de acuerdos espurios suscritos por los representantes del Estado burgués. Por el contrario, su consecución es una tarea permanente que deviene de los combates cotidianos contra la explotación y la violencia estatal.
En este punto es imprescindible ser claro y explícito: La represión no es abstracta; es concreta. Tiene nombres y apellidos. No sólo son culpables aquellos que tiran del gatillo. No sólo es culpable el que da la orden directa de torturar y asesinar. No sólo es culpable el que planifica y genera las condiciones políticas para la masacre. También son responsables directos de la represión aquellos que política e ideológicamente criminalizan la rebeldía popular. Los jueces que amparan a los verdugos y deniegan justicia a los oprimidos. La élite dirigente que, de espaldas al mundo popular, sanciona acuerdos que institucionalizan la explotación, la exclusión y la represión. No hay inocentes, todos son culpables. En consecuencia, todos deben responder.
