APARECIO MUERTO EL MILITAR NAVONE, ACUSADO POR ROBO DE BEBES

Tiros que acallan a un represor

El teniente coronel Paul Alberto Navone, quien debía prestar declaración indagatoria en la causa por robo de bebés en Entre Ríos, apareció muerto con un tiro en la sien en Córdoba. La fiscalía calificó el hecho como “averiguación de suicidio”.

Por: Adriana Meyer
Página/12 - 28 de febrero de 2008

La noticia debió ser un nuevo capítulo de las causas sobre el destino de los niños nacidos en cautiverio durante la dictadura. Sin embargo, una vez más, terminó siendo un hecho policial con posibles ecos políticos. El ex agente de Inteligencia Paul Alberto Navone apareció muerto en un hotel de la Fuerza Aérea, en la localidad cordobesa de Ascochinga, con un disparo en la sien. Este teniente coronel tenía que presentarse ayer a prestar declaración indagatoria acusado por su supuesta actuación en la sustracción de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná. La fiscalía calificó el hecho como “averiguación de suicidio” y trascendió que Navone le habría comunicado a uno de sus hijos su intención de quitarse la vida. También habría dejado una carta a la familia. “Creo que sabía mucho sobre el destino de los niños nacidos en ese hospital, era como la punta de un iceberg”, dijo a Página/12 Guillermo Germano, coordinador del Registro único de la Verdad de Entre Ríos y querellante en la causa.

Al juzgado de Myriam Galizzi llegaron certificados médicos en los que constaba que Navone, que era diabético, habría padecido un pico de glucemia. Por eso la magistrada no ordenó su detención ante el faltazo, tan sólo le fijó una nueva audiencia para interrogarlo el 3 de marzo.

El cuerpo del represor fue encontrado a las 10.15 en los jardines del hotel Parque que la Fuerza Aérea tiene en la zona serrana al norte de Córdoba, a 55 kilómetros de la capital provincial. Habría aparecido con un disparo a la altura de la sien, de un calibre 9 milímetros, con orificio de salida en la zona izquierda de la cabeza, según describió una fuente con acceso al informe que elaboró la comisaría de La Granja, con la intervención de la fiscalía de instrucción de Maria Dimeglia. Al parecer, Navone tenía un emprendimiento gastronómico en ese hotel y vivía en La Granja. En la carta a sus familiares les agradeció por “los momentos vividos” y aclaró que se trataba de “una decisión personal”.

La expectativa por la declaración de Navone estaba puesta en la posibilidad de que aportara datos sobre lo sucedido con los hijos mellizos de Raquel Negro, que permanece desaparecida. El 27 de noviembre, el represor Eduardo “Tucu” Constanzo aseguró ante la jueza Galizzi que Navone integró el grupo de tareas que trajo a Negro desde Rosario a Paraná para dar a luz, y permaneció con ella durante su cautiverio en 1978.

La versión de Constanzo es que uno de los bebés, el varón, nació muerto, pero esto se contradice con los testimonios de ex trabajadores de una clínica de pediatría de Paraná, donde habrían ingresado los mellizos. De todos modos, el niño tenía serios problemas de salud que le habrían causado la muerte a los pocos días. Según el mismo relato, la niña fue dejada en la puerta de un convento u orfanato de Rosario, en un operativo realizado por otros represores. Las enfermeras del Hospital Militar los anotaron con los nombres de Facundo y Soledad López.

Constanzo nombró a Walter Pagano, ex agente civil de inteligencia del Ejército, y al teniente coronel retirado Daniel Amelong. La hipótesis es que todo el procedimiento, que terminó con el asesinato de Raquel Negro y la apropiación de sus hijos, fue coordinado por quienes eran los máximos jerarcas de la represión ilegal en esa región: Leopoldo Fortunato Galtieri, Juan Carlos Ricardo Trimarco y Ramón Genaro Díaz Bessone.

El traslado de Negro a Paraná se hizo de manera simultánea con la Operación México, en la que el marido de esa mujer, Tulio “Tucho” Valenzuela, también detenido en Rosario, debía viajar a ese país y asesinar a la cúpula de Montoneros. A pesar de que su mujer seguía en manos de los represores, una vez en México Valenzuela denunció las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en los centros clandestinos de detención rosarinos y así desarticuló la operación. Valenzuela también permanece desaparecido.

Raquel Negro, María en el libro de Miguel Bonasso Recuerdo de la muerte, pasó por la Quinta de Funes y luego de parir fue llevada por Navone y el teniente coronel Marino González al campo La Intermedia, aunque habría llegado muerta en el baúl de un auto, desnuda y envuelta en una bolsa plástica, según el relato de Constanzo. La mujer habría sido arrojada al mar, junto a los otros 14 detenidos que vinieron de Funes, en uno de los vuelos de la muerte. El testimonio de Jaime Dri, sobreviviente de Funes y protagonista de aquel libro de Bonasso, también forma parte de la investigación que busca reconstruir el destino de la hija de Negro y Valenzuela.

Navone tenía 65 años y prestó servicios en la sección de inteligencia 122 de Paraná, dependiente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, a su vez en la órbita del II Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario. Durante 1976 estuvo en apoyo del Comando de la II Brigada Blindada de la capital entrerriana. La causa en la que debía declarar fue iniciada en mayo de 2005 por Germano, del Registro de la Verdad que depende del Ministerio de Justicia, y por Sebastián Alvarez, hijo de Raquel Negro y su primera pareja, Marcelino Alvarez, también desaparecido. Los hechos investigados están encuadrados en los artículos 139 inciso 2 (alteración de identidad de un menor) y 146 (sustracción de un menor en poder de sus padres), ambos del Código Penal. La jueza temía que Navone no se presentara, por lo que le ordenó a la Policía Federal que lo identificara en cinco juegos de huellas dactiloscópicas y que efectuara un “informe de vida y costumbres”, según detalló la página web Analisisdigital.com. Lo que quizá no imaginó la magistrada es que no tendría nunca más posibilidad de tomarle testimonio a Navone.

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UNA CARTA Y LA AUTOPSIA DEL TENIENTE CORONEL QUE APARECIO MUERTO EN CORDOBA

Certezas y sospechas sobre Navone

La aparición del cadáver del teniente coronel Paul Alberto Navone en el parque de un hotel en Córdoba alimentó sospechas de los organismos de derechos humanos por la oportuna muerte de represores. Página/12 accedió a la carta dejada por el militar que trasunta la decisión de suicidio y al informe de la autopsia que da cuenta de que se disparó a menos de 50 centímetros.

Por: Nora Veiras y Adriana Meyer
Página/12 - 29 de febrero de 2008

“Tomo esta decisión en pleno uso de mi libertad y facultades. Nadie, de mi entorno familiar, ni de mi contexto tiene conocimiento de lo que he dispuesto hacer. Lo hago solo sin participación de tercero alguno. Adopto esta conducta como el mejor camino para mí.” Esas palabras dirigidas al “señor juez” dejó escritas el teniente coronel Paul Alberto Navone, quien apareció muerto en La Granja, Córdoba, horas antes de tener que declarar en una causa por robo de bebés en Entre Ríos. El informe de la autopsia –al que accedió Página/12– corrobora que “el traumatismo craneoencefálico debido a herida por proyectil de arma de fuego ha sido la causa eficiente de la muerte” de Navone y que “la distancia estimada entre la boca del arma y la piel ha sido menor de 50 centímetros”. A pesar de la carta y del informe forense, los querellantes pidieron que la justicia de Córdoba investigue si se trató de un suicidio o de un homicidio. “Sugestivamente están muriendo muchos militares que tienen que declarar”, destacó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (ver más adelante).

La imputación contra Navone fue reactualizada en la causa por el testimonio del represor Eduardo “Tucu” Constanzo, quien cumple arresto domiciliario en Rosario acusado de participar en la represión ilegal en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército. La abogada Marina Barbagelata, querellante en la causa por la apropiación de los niños nacidos en el Hospital Militar de Paraná, dijo que “surge del relato de ese testigo que cuando Navone se desempeñaba en el Area de Inteligencia del Segudo Cuerpo de Ejército, había desarrollado toda la logística para que el grupo de tareas que trasladaba a Raquel Negro embarazada desde un centro clandestino de detención en Rosario, pudiera manejarse en esa jurisdicción con total tranquilidad, sin ningún inconveniente”.

“El Asticito”

Navone fue enterrado ayer en La Granja, en esa localidad lindera a Ascochinga, Córdoba, donde se había refugiado y explotaba una parrilla. Apareció muerto en el parque de un Hotel de la Fuerza Aérea. Los que lo conocían dicen que temía quedar detenido y sufrir una descompensación por su diabetes en prisión. También se quejaba por la posibilidad de que se le embarguen sus bienes.

A la luz de su historia parecían preocupaciones menores. Cuando era capitán en los ’70, Navone integró el Batallón de Inteligencia 601 cuya sede funcionó hasta los ’80 en la esquina de Viamonte y Callao. Como integrante de los grupos de tarea del Ejército estuvo en Tucumán al mando de Acdel Vilas y de Antonio Domingo Bussi. Después del Mundial ’78 se ocupaba de amedrentar periodistas. “Era una especie de ‘Asticito’ del Ejército” parangona un militante de los años de plomo en alusión a Alfredo Astiz, el por entonces joven oficial de la Armada usado para las tareas más sucias.

En el ’79 apareció asesinado Horacio Mendizábal, integrante de la conducción de Montoneros. “En la tarde del viernes 21 de setiembre la foto de Horacio Mendizábal apareció en los televisores. El Ejército informó que había sido abatido”, detalla Marcelo Larraquy en Fuimos soldados. Entre los integrantes de la patota Navone dicen que se hacía llamar “Mendizábal” y se arrogaba el “mérito” de haber sido él quien disparó al dirigente montonero que había regresado al país en la segunda etapa de la llamada Contraofensiva, operación que fue infiltrada, justamente por Inteligencia del 601.

Cuando durante el gobierno de Raúl Alfonsín se desmanteló el Batallón de Inteligencia 601, los agentes de inteligencia se apropiaron de documentación que nunca más apareció. “Navone sabía mucho más que el destino del robo de un bebé en Paraná”, dijo a Página/12 un conocedor del entramado represivo.

El tiro del final

Marina Barbagelata, abogada de Sebastián Alvarez, el hijo de la desaparecida Raquel Negro que busca a su medio hermana nacida en cautiverio, dijo que “suponemos que el juzgado de Córdoba tomará las precauciones para no cerrar la causa como suicidio rápidamente y verificará que haya sido eso y no un asesinato”, reclamó e insistió en que “es altamente probable que existan personas que pudieran verse amenazadas frente a la declaración” que iba a prestar Navone en el juicio que se le seguía por robo de bebés. La abogada señaló que “lo que pasó con Navone es una muestra cabal que confirma lo que planteamos: la necesidad de que a las personas imputadas de estos delitos no se las anoticie 20 días antes, sino que sean compulsadas a comparecer ante la autoridad”.

Barbagelata comentó a Página/12 que la fiscalía de Córdoba está elaborando un informe para la jueza federal de Paraná con toda la información sobre Navone que pueda servir para el caso. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que en la Fiscalía General de Córdoba tenían total certeza sobre el “sucidio” del teniente coronel. Guillermo Germano, coordinador del Registro Unico de la Verdad de Entre Ríos y querellante en la causa afirmó que “podría tratarse de un suicidio inducido por el pacto de silencio que aún persiste”.

En Paraná reconstruyeron las últimas horas de Navone y establecieron que estuvo reunido con sus abogados preparando la defensa para el día siguiente. Justiniano Martínez declaró “estar sorprendido” por la muerte. Quienes dudan de que se haya quitado la vida especulan con que alguien que va a tomar esa decisión no hubiera preparado un certificado médido con la opinión de tres especialsitas sobre el pico de glucemia que había padecio, ni habría enviado a su abogado al juzgado para justificar su ausencia y pedir prórroga de la audiencia, prevista en principio para anteayer a las 9.

El informe de la autopsia, firmado por los médicos forenses Ramiro Ortiz Morán y Luis Mercado y dirigida a la Fiscalía de Jesús María, secretaría doctora María Dimegli, describe como “antecedentes” que Navone “se habría disparado en la cabeza con una 9 milímetros. Hora presunta del hecho 03.00. Encontrado hoy (por el 25 de febrero) a las 8.15”. Al detallar “el examen externo” del cuerpo señala que tiene “un orificio en sien izquierda compatible con salida de proyectil”. En la necropsia se le extrajo “sangre y humor vítreo” para el estudio químico toxicológico, como así también material del cerebro, corazón, pulmón y otras visceras.

En causas por delitos de lesa humanidad hubo otros suicidios, en el caso del prefecto Héctor Febres la jueza Sandra Arroyo Salgado descartó el suicidio. En julio del 2003, el prefecto Juan Antonio Azic, se pegó un tiro en la boca también con una 9 milímetros pero sobrevivió. En setiembre de 2004, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza el coronel retirado Emilio Anadón que cumplía prisión domiciliaria en la causa del Tercer Cuerpo con asiento en Córdoba, también integrante del cuerpo de Inteligencia.

Fernández no tiene dudas

Para el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, no existe “ninguna duda” de que la muerte del represor Héctor Febres “no fue un suicidio”. “En el caso Febres, que me toca de cerca, no tengo dudas que fue muerto, que no fue un suicidio. No tengo elementos, pero mi olfato y las condiciones me dicen que no hay dudas, pero hay que dejar que trabaje la Justicia. Los únicos que pueden comprobarlo son los peritos”, consideró Fernández en torno de la muerte del prefecto. Febres fue hallado muerto el 10 de diciembre del 2007 (el mismo día de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner) en su alojamiento en la sede de la Prefectura en Tigre a escasos días de que se conociera su sentencia. La autopsia determinó que había fallecido como consecuencia de la ingesta de cianuro, por lo cual se investigan desde ese momento las circunstancias de su deceso. Además del evidente impacto político del hecho, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que alguien, temeroso de que el represor involucrara a más responsables, lo envenenó intencionalmente.

Fernández formuló estas declaraciones a la prensa en el Senado antes de participar de una reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta. Allí, se debatió el proyecto de modificación de la ley del nombre para establecer la obligatoriedad del doble apellido.

No a la prescripción

El pedido de prescripción planteado por un ex marino y su esposa acusados de la apropiación de la joven que fue anotada como Evelyn Vázquez –la presunta hija de desaparecidos que se negó a hacerse un análisis de sangre y cuya casa fue allanada días atrás en busca de pertenencias que pudieran contener ADN– fue rechazado por la Justicia. “Dadas las funciones que cumplía Policarpo Luis Vázquez (era ex suboficial de la Marina encargado de la División Contrainteligencia de la base naval de Mar del Plata) al momento de ‘adoptar’ a la niña, el lugar clave y estratégico de la estructura de la Armada donde prestaba funciones y el grado de conocimiento de la situación reinante en aquella época en relación con los menores nacidos en cautiverio en los centros clandestino, existen elementos suficientes para sospechar que el imputado estaba en conocimiento del plan sistemático de desaparición forzada de personas”, dijo el juez federal Octavio Aráoz De Lamadrid. La decisión del magistrado se produjo antes de que el abogado de Evelyn, Juan Vigliero, presentara un recurso para anular una diligencia que se realizó el 14 de febrero pasado en la casa de la joven de donde se secuestraron elementos que están siendo analizados en el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand para determinar si es hija de desaparecidos y cuál es su verdadera identidad.

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“Sugestivamente están muriendo muchos militares”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo duda de que el represor Paul Navone se haya suicidado: “Están eliminando gente”, asegura Estela de Carlotto. La agrupación H.I.J.O.S. también plantea dudas.

Cuando la Justicia apenas comenzó a investigar el supuesto suicidio del represor Paul Alberto Navone, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó su preocupación porque “sugestivamente están muriendo muchos militares que tienen que ser citados y que tienen que declarar”. “Lo que es terrible y conmueve es dónde estarán o en qué manos estarán nuestros nietos, porque están eliminando, prácticamente, gente”, dijo Carlotto, en relación con la muerte de Navone y el homicidio del prefecto Héctor Febres, responsable de los bebés nacidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Para Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, “es evidente que los genocidas no quieren que se sepa dónde están nuestros hermanos, que ellos apropiaron”. Con este nuevo caso se reavivó la discusión sobre la situación de los militares sometidos a juicio por los crímenes cometidos durante la última dictadura.

Aunque todavía no se determinó con certeza cómo murió el teniente coronel retirado Paul Navone, que su cuerpo haya sido encontrado con un balazo en la sien el mismo día en que debía declarar en una causa por robo de bebés generó dudas entre los organismos de derechos humanos que reclamaron nuevamente a las autoridades nacionales la agilización de las causas por delitos de lesa humanidad. “A Abuelas nos preocupa que estas personas desaparezcan de este mundo sin poder hablar, sin poder contar una historia que lleva ya 31 años y que es tan dolorosa, no sólo para nosotros, sino para las propias víctimas que son los jóvenes que vamos encontrando y que han vivido en esa mentira durante tanto tiempo”, relató Carlotto.

Navone debía presentarse a declaración indagatoria en los Tribunales Federales de Paraná, acusado de la sustracción de bebés nacidos en el Hospital Militar local. En noviembre pasado, otro represor, Eduardo “Tucu” Constanzo, declaró ante la Justicia que Navone formaba parte del grupo de tareas que llevó a Raquel Negro desde Rosario a Paraná, donde entre febrero y marzo de 1978 dio a luz a mellizos. Por este motivo, la presidenta de Abuelas lamentó la muerte de “este hombre que tenía que dar detalles del traslado de Raquel Negro y posiblemente su participación en otros casos”. “Me atrevo a dudar de la muerte por suicidio, porque él estaba citado –por la Justicia–, declaró estar enfermo, le habían vuelto a poner una fecha el 3 del mes próximo y ocurre esto que estamos viviendo”, analizó Carlotto, quien consideró que “habría que investigar el caso profundamente”.

La agrupación H.I.J.O.S. responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado por la muerte de Navone, al igual que del asesinato del prefecto Héctor Febres. Además las vincularon con la situación de “detención de privilegio” del comisario Alfredo Fanchiotti y las culparon de “haber perjudicado la investigación por la desaparición de Julio López”. Por eso H.I.J.O.S. exigió a la Justicia y al Gobierno “garantizar la seguridad de los testigos, querellantes y demás comprometidos con la Justicia, asegurar que los acusados no gozarán de privilegios ni impunidad y que las fuerzas de seguridad no entorpecerán los procesos judiciales”.

Ante estos obstáculos para conocer la situación de los casi 500 hijos de desaparecidos que fueron apropiados, Carlotto le reclamó al Estado que “arbitre los medios para encontrar respuestas de quienes se han apoderado de nuestros nietos”. Abuelas propone investigar a los hijos de todos los miembros de las Fuerzas Armadas nacidos entre 1976 y 1983. “Esto se puede hacer, no es tanto el número; se podría hacer de una manera respetuosa y progresiva que nos daría luz sobre muchos encuentros que ahora no se producen, ahora con más razón por este silencio”, detalló.

La presidenta del organismo explicó que “está todo documentado”, porque los militares “registran los nacimientos” y precisó que debería investigarse a “aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que tienen hijos de la edad de nuestros nietos y que podrían serlo”. Hasta ahora, Abuelas lleva recuperados 88 nietos que estaban en manos de apropiadores o familias sustitutas.

“La sentí en la panza”

En el juicio oral por el robo de María Eugenia Sampallo durante la dictadura, el fiscal general Félix Croux pidió al tribunal oral que el capitán Enrique Berthier, acusado de haber actuado como entregador de la niña, presenciara las audiencias. La solicitud apunta a garantizar que el militar pueda ser identificado por algunos testigos. Ayer se realizó la tercera jornada de este proceso oral. Testimoniaron Gustavo Hernán Rojas, el hermano de María Eugenia Sampallo Barragán, la joven apropiada, y la ex detenida desaparecida Ana María Careaga, sobreviviente del centro clandestino Club Atlético. Careaga relató las condiciones de cautiverio y recordó que a partir del séptimo mes las mujeres encintas recibían un trato especial, con mejor alimentación. “Después supimos que ellos cuidaban a nuestros bebés porque existía un plan de robo sistemático de los hijos de desaparecidos”. Por su parte Gustavo, hermano de María Eugenia, quien fue secuestrado junto a sus padres cuando tenía tres años, recordó que él “sabía que esperaba un hermano” porque “había sentido sus patadas en la panza de mi mamá”. El joven se reencontró con María Eugenia en 2002, luego de que los análisis de ADN confirmaran la filiación. El caso judicial es el primero en que una hija de desaparecidos querella a sus apropiadores. María Eugenia Sampallo Barragán ha pedido el máximo de la pena para el capitán Berthier, así como también para quienes la criaron como si fuera propia, la pareja formada por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto.

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Los bombardeos a la Plaza

La denuncia que el abogado José Deguisa presentó ayer ante la Justicia para que investigue como crimen de lesa humanidad los bombardeos de junio de 1955 sobre Plaza de Mayo sostiene que tenían como propósito “matar a la mayor cantidad posible de personas civiles” con el “objetivo político de quebrantar la voluntad de lucha o resistencia del presidente (Juan Domingo Perón) y de su base social, el peronismo”. La investigación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal del caso será Luis Comparatore. En su presentación judicial, Deguisa definió los bombardeos como crímenes de lesa humanidad –por ende imprescriptibles– y afirmó que fueron “asesinatos dolosos e indiscriminados” que “repugnan al derecho internacional y al derecho de gentes” que “ha reaccionado contra las aberraciones genocidas o los crímenes de guerra”. El letrado reclamó que se enjuiciara a “todos aquellos autores supérstites a la fecha (que aún permanecen vivos) de la Armada de la República Argentina y de la Fuerza Aérea” que bombardearon “la Plaza de Mayo y otros objetivos dentro de la Ciudad de Buenos Aires”.

Los paseos de Fanchiotti

La fiscalía de La Plata que investiga la salida sin autorización judicial del ex comisario Alfredo Fanchiotti tomará declaración indagatoria en los próximos días a dos jefes de la Unidad 25 de Olmos. Son el ex director del penal Jorge Daniel Suárez y el alcaide Diego Borga, a quienes el fiscal Marcelo Martini les imputó ayer “incumplimiento de los deberes de funcionario público y facilitación de la evasión”. Como los delitos son excarcelables, los imputados serán citados como acusados pero sin ser detenidos. El caso se conoció la semana pasada, con una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense que indicó que Fanchiotti había salido el 30 de enero pasado del penal en donde cumple la condena de prisión perpetua, recibida en enero de 2006 por el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Tras recibir la denuncia, la fiscalía secuestró los libros de guardia y otros registros, y ya determinó que el ex comisario salió sin permiso judicial de la U25, la llamada “cárcel evangélica”.