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Argentina
¿Qué nota se merece el gobierno nacional
en la materia de derechos humanos?
Por: Emilio Marín (LA ARENA)
Publicado en Argenpress - 10/03/2008
Cristina Fernández, como su marido, cuenta con el aval de muchos dirigentes de derechos humanos y la abierta enemistad de quienes ejercieron el terrorismo de Estado. Sin embargo de allí no se desprende que merezca un 10 en la materia.
La presidenta y Néstor Kirchner no fueron defensores de los derechos humanos en la época de la dictadura. Se fueron a Santa Cruz a hacer dinero, como lo revela el detalle patrimonial: más de veinte de sus propiedades las adquirieron entre 1978 y 1982.
Ya en democracia, siendo Néstor intendente y luego gobernador de esa provincia, no hubo allí homenajes a los desaparecidos ni exaltación de las luchas de los '70. Más aún, su ministro de Educación había sido funcionario del proceso militar.
Era difícil que desde Río Gallegos se hiciera una defensa de aquellos derechos cuando el gobernador Kirchner y su esposa, como se muestra en el video de Marcelo López Masía. Allí se los ve alineados con Carlos Menem, el de los indultos a los genocidas, y alabándolo como el más extraordinario líder del justicialismo luego del general Perón.
Esa historia de la pareja sobrevino a cierta militancia estudiantil en la Universidad de La Plata, en la JUP, aunque sin los ribetes heroicos que algunos obsecuentes dejan raslucir.
Ahora lo determinante es lo que hicieron o dejaron de hacer como presidente él entre 2003 y el 2007, y lo que está haciendo ella desde entonces. Es positivo que después de varias idas y venidas, en agosto de 2003 alentaran finalmente que la bancada del PJ votara a favor de la anulación de las leyes del perdón. Ese era un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos y de tantísima gente, que motorizaron incontables marchas desde que esas normas fueron aprobadas en 1986 y 1987.
Quedaron indemnes los indultos menemistas, que los K se negaron a anular con el argumento de que debía pronunciarse la justicia. Eran decretos del PEN y más de la mitad de la biblioteca jurídica sostiene que podían ser anulados por otros decretos del PEN. Pero al patagónico no le dio el cuero para tanto.
La nulidad del par de leyes infames alentó la reapertura de los juicios y el gobierno nacional empujó en esa dirección. Los discursos de Kirchner en el acto de la ESMA en marzo de 2004 y en La Perla en marzo de 2007, urgieron a la justicia a acelerar sus pasos. Cuestionó la mora y complicidad de la Cámara de Casación Penal, sobre todo de Alfredo Bisordi.
Según la Procuración General de la Nación hay más de 800 causas abiertas, con casi 300 detenidos, lo que es mostrado como un avance de la justicia. Sin embargo la estadística del CELS sostiene que los condenados fueron solamente 14 represores y que por la lentitud de las actuaciones hay 150 procesados que murieron sin ser llevados a juicio. La mayoría de los 300 presos no estaban en cárceles comunes pero el homicidio del prefecto Héctor Febres en su alojamiento VIP del Delta inició el traslado de varios procesados a establecimientos penitenciarios.
Avances y retrocesos
La muerte de Febres habría sido provocada para que éste no hablara en el juicio, donde podía revelar detalles de los robos de bebés en la ESMA. El juez Sergio Torres, que lo mantuvo en ese lugar VIP, lo hizo a contramano de los reclamos de los querellantes y organismos de DDHH que pedían su traslado a una cárcel común. ¡Hasta vacaciones en la sede la Prefectura en Azul había gozado el ex represor!
Las críticas públicas a Casación Penal lograron descongelar algunos expedientes. Sin embargo, ahora se suma un segundo problema: ¿cuándo juzgar en causas tan complejas como ESMA y Primer Cuerpo de Ejército con las limitaciones numéricas del Tribunal Oral Federal 5, que debiera hacerlo? Este cuello de botella fue advertido por la Procuración de Esteban Righi, al señalar que si no se cambian los criterios de asignación del trabajo, muchas causas elevadas a juicio formarán 'la larga cola hacia el juicio que se viene construyendo en el TOF 5'.
Mientras tanto, con esas demoras y el trasfondo de los 32 años transcurridos desde el golpe de Estado, muchos represores se irán despidiendo de este mundo, la mayoría impune. Algunos, como el prefecto, supuestamente asesinado por sus ex camaradas. Otros por suicidio, como el teniente coronel Paul A. Navone, requerido por la justicia de Paraná. Y otros simplemente de viejos o por enfermedades, como el agente del Batallón 601 Santiago Hoya, condenado junto a Cristino Nicolaides a 25 años de prisión por la desaparición de cinco montoneros en 1980.
Está muy bien que se hayan producido esas condenas, como las que recayeron en el cura Christian Von Wernich, el comisario Miguel Etchecolatz y otros. Pero sólo 14 condenas en tantos años es evidentemente muy poco en cantidad y también en calidad, pues los máximos responsables del terrorismo de Estado -los generales Jorge R. Videla, Luciano B. Menéndez y Antonio D. Bussi- no han sido condenados aún. El primero sí lo fue en 1985 pero resultó indultado en diciembre de 1990.
Hablando de indultos, el juez Norberto Oyarbide consideró en 2006 que era inconstitucional el que beneficiaba a José A. Alfredo Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior, general Albano Harguindeguy. Ya habían estado detenidos en esta causa, por secuestro y extorsión de dos empresarios textiles. Harguindeguy fue detenido semanas atrás por la desaparición de un joven en La Plata, en 1977. Y es de esperar que el ex titular de Economía, su compañero de cacerías, le haga compañía, pronto.
Que se reabrieran las causas de la Triple A, con la cercana extradición del comisario Rodolfo Almirón, y la de la Masacre de Trelew, con cinco detenciones y prisiones preventivas de marinos, es otro signo positivo de la época. Lástima que llega cuando los tres sobrevivientes de Trelew llevan entre 26 y 30 años desaparecidos…
Derechos de hoy
Como quedó puntualizado, el enjuiciamiento de los responsables del terrorismo de Estado no puede ser atribuido como mérito único del gobierno sino como resultado de una larga demanda de gran parte de la población, a la que las autoridades se sumaron en agosto de 2003. Y el trámite judicial no se merece un 10 felicitado.
Menos lo merecen violaciones a los derechos humanos en la actualidad y que tienen a la administración K como causante. Por ejemplo, que las jubilaciones mínimas apenas superen los 600 pesos y se haga caso omiso al fallo de la Corte Suprema de Justicia para su efectivo aumento, no puede ser catalogada sino como una violación a derechos fundamentales de la persona.
En este asunto el gobierno no tiene disculpas financieras porque el superávit fiscal primario del año pasado fue superior a 20.000 millones de pesos, y junto a los de años anteriores, permitía cumplir con los jubilados y otros sectores más vulnerables.
En septiembre de 2006 ocurrió la desaparición forzada del testigo en el juicio contra Etchecolatz, Jorge Julio López, quien había estado desaparecido durante la dictadura. Desde hace más de dos años, la investigación judicial y policial del caso López merece una fuerte reprobación social y política, así como el asesinato de un militante del MST, Lázaro Duarte, apuñalado en un local de Neuquén.
Policías que reprimen a obreros en el Puerto de Mar del Plata, prefectos y policías que golpean en nueve oportunidades a los empleados del Casino de Buenos Aires que demandaban la reincorporación de cesantes, y policías que desalojan con violencia a los cartoneros que acampaban en un terreno ferroviario de Belgrano ante el levantamiento del 'tren blanco' y numerosos casos de 'gatillo fácil', indican que las fuerzas policiales y de seguridad no son tan democráticas como presume el oficialismo. Si se confirma la hipótesis de la jueza que investiga el caso Febres, de que había sido muerto por personal de Prefectura para silenciarlo, sería otro fuerte indicio de que en varias de esas instituciones hay algo más que 'bolsones de autoritarismo' o 'resabios' del aparato represivo.
Lo mismo ocurre en las Fuerzas Armadas, donde el tercer hombre de la Armada perdió su cargo el año pasado al develarse que en la base Almirante Zar de Chubut se hacía inteligencia ilegal contra la democracia.
El gobierno K puede decir que trata de democratizar y que a veces los resultados no lo acompañan. No es así. En algunos casos es cómplice de violaciones a los derechos humanos. No otra cosa significa la foto de nuestra presidenta rodeada de las tropas argentinas que ocupan militarmente Haití como parte de una Minustah gestionada por George W. Bush.
