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URUGUAY
CRYSOL Y LOPEZ GOLDARACENA EN COMISION DE DD. HH.
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES
Abril de 2008
En el día de hoy, una delegación de Crysol junto con el Dr. Oscar López Goldaracena fue recibida por la Comisión de DDHH de la Cámara de Representantes a los efectos de presentar formalmente el Proyecto de Ley de Reparación Integral que nuestra organización está promoviendo.
A continuación se transcribe el texto de la exposición que ante la Comisión de DDHH de Diputados realizara el Cro. Gastón Grisoni, Vicepresidente de la organización, a nombre de Crysol.
Señores miembros de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados:
Muchas gracias por acceder a nuestra solicitud de ser recibidos por vuestra comisión a los efectos de poder expresarles nuestra convicción con respecto a un tema que consideramos de enorme importancia para todas las víctimas del terrorismo de estado en nuestro país, pero que es también una cuestión de enorme trascendencia para la temática de los derechos humanos y para la sociedad toda pues tiene que ver con la salud de la vida democrática, de la institucionalidad y que por lo mismo tiene que ver con toda la población y toda la ciudadanía.
Crysol, nuestra organización es la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay, de todos los ciudadanos que durante el triste proceso que vivió nuestro país desde fines de la década de los sesenta hasta promediar la década de los ochenta, sufrimos prisión, por tiempos prolongados, por razones políticas, gremiales o ideológicas. Somos la asociación de todas y de todos, sin distinciones de sexo o de procedencia gremial, política o ideológica.
Promovemos una ley de reparación integral
Hemos solicitado ser recibidos por Uds. pues nuestra asociación se encuentra promoviendo activamente ante los poderes públicos la aprobación de una Ley de Reparación Integral que contemple y abarque a todas las víctimas del Terrorismo de Estado y hemos elaborado, junto con el Dr. Oscar López Goldaracena un proyecto de ley al respecto que hemos puesto a consideración del gobierno y de los partidos políticos uruguayos.
Somos plenamente conscientes de que la presentación de un proyecto de ley de reparación integral que cumpla efectivamente con toda la normativa internacional al respecto, de acuerdo a la normativa vigente, es prerrogativa del Poder Ejecutivo y del Sr. Presidente de la República. Pero aspiramos sinceramente a que también el Parlamento, dentro de sus potestades solicite y promueva activamente dicha presentación ante el Poder Ejecutivo. Aspiramos a que vuestra comisión, responsable de esta temática en la Cámara de Representantes, sea quien tome la iniciativa al respecto a nivel del cuerpo y es, en definitiva, lo que venimos a solicitarles.
A más de veinte años de la derrota de la dictadura y ante la carencia tanto de los partidos políticos como de los diferentes gobiernos que se han sucedido en la
administración del país de un abordaje amplio y global de la temática, hemos considerado nuestra obligación política y moral de contribuir activa y constructivamente presentando y poniendo a consideración una iniciativa de ley que, cumpliendo con la normativa internacional y las normas uruguayas, posibilite efectivamente que ellas sean implementadas para que dejen de ser letra muerta, expresiones de deseos, para transformarse en realidad práctica y efectiva.
Nuestro proyecto de ley, elaborado y discutido por nuestro colectivo durante el último año en colaboración con el Dr. Oscar López Goldaracena que con enorme paciencia y dedicación ha contribuido poderosamente a que fuera una realidad, es, obviamente, un proyecto mejorable con el concurso de los diferentes actores políticos y sociales involucrados.
Un proyecto de ley para todas las víctimas del Terrorismo de estado
También con mucho orgullo institucional lo afirmamos, es el único proyecto de ley de reparación integral que se ha presentado hasta el momento que considera y tiene en cuenta la normativa internacional de DDHH, que contempla efectivamente a todos los ciudadanos a quienes el Estado uruguayo tiene la obligación jurídica, política y moral de reparar y lo hace de una manera abarcativa, global y al mismo tiempo viable, absolutamente viable, en la actual coyuntura.
Los estados, todos los estados tienen la obligación de respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos sujetos a su jurisdicción. Tienen además, no sólo la obligación de respetar, sino de garantizar el pleno ejercicio de ellos a todas las
personas sin ninguna clase de excepción. Este es uno de los roles fundamentales de los estados. Así lo entiende desde hace décadas la comunidad de naciones.
Cuando los estados no cumplen con esta obligación, los estados tienen el deber de reparar de manera integral las violaciones que se produzcan a dichos derechos.
En Uruguay, las violaciones a los derechos humanos fueron organizadas de manera sistemática por parte del Estado, por sus órganos, sus poderes, sus instituciones y sus funcionarios civiles y militares. Por lo mismo, es lógico afirmar que es el Estado como tal quien tiene el deber de reparar de manera integral las violaciones cometidas por sus órganos, instituciones y funcionarios durante el largo y doloroso período del Terrorismo de Estado tanto dentro de las fronteras nacionales como las que se cometieron fuera de ellas en el marco del denominado Plan Cóndor.
Las violaciones a los Derechos Humanos solamente las cometen los Estados pues ellos tienen las atribuciones que se les confieren a los efectos de respetar y de garantizar precisamente el libre y pleno ejercicio de ellos.
La normativa internacional de derechos humanos y la comunidad de naciones no
admiten al respecto ninguna excepción, ninguna justificación, ninguna consideración que permita que los mismos sean violentados. Los estados y sus instituciones deben gobernar y actuar en todos los casos y en todas las situaciones garantizando los mismos.
El Estado uruguayo no ha cumplido con sus obligaciones
A veintitrés años del retorno a la vida institucional, el Estado uruguayo aún no ha cumplido en este sentido con sus obligaciones jurídicas, políticas y éticas cabalmente tal como lo establece la normativa internacional que Uruguay ha ratificado y que la ley 18 026 aprobada por unanimidad durante la actual legislatura consagra. Y ninguno de los partidos políticos que integran el sistema político uruguayo ha presentado hasta el momento una sola propuesta de ley que cabal e íntegramente aborde esta cuestión tan acuciante, tan necesaria para la salud democrática y para la vida de miles de uruguayos ahora como hace más de dos décadas.
No negamos ni menospreciamos, obviamente, las medidas parciales que en estas cuestiones fueron implementadas desde 1985 a la fecha: la ley 15.737, la ley 15. 783, la ley 17. 449, la ley 17. 949 y más recientemente la ley jubilatoria 18.033.
Tampoco ocultamos nuestra satisfacción por los enormes avances procesados en el país en materia de derechos humanos desde el 1º de marzo de 2005.
Apreciamos el enorme esfuerzo desplegado para encontrar los restos de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos. Valoramos altamente los esfuerzos desarrollados para que siga surgiendo de las tinieblas del oscurantismo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Valoramos altamente el significado profundo que tiene para la vitalidad y la esperanza republicana que algunos de los principales responsables de la destrucción institucional y de las graves violaciones a los derechos humanos hayan sido juzgados y condenados con todas las garantías del debido proceso que miles de uruguayos no tuvieron.
Con la misma franqueza es que señalamos: para continuar avanzando en la transición democrática iniciada el 1º de marzo del año 1985 hace falta aprobar una ley de reparación integral que contemple a todas las víctimas del Terrorismo de Estado y que efectivice los principios básicos y esenciales de ella: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y prevención.
Un enorme daño debido a las violaciones a los DDHH
Durante la negra noche del Terrorismo de Estado miles de uruguayas y de uruguayos sufrieron graves violaciones a los derechos humanos. Las mismas generaron dolor, angustia, sufrimiento físico y emocional, daños en muchos casos irreparables, pérdida de oportunidades, destrucción de proyectos de vida, destrucción de familias y de vínculos sociales, reducción de las expectativas de vida de quienes las padecieron, incremento sustancial de los índices de morbimortalidad, imposibilidad de acceder a niveles de vida decorosos y secuelas permanentes tanto a nivel físico, sicológico, humano y social.
A veintitrés años del retorno a la institucionalidad democrática esos miles de uruguayos seguimos siendo victimizados en tanto y en cuanto el Estado uruguayo no asuma a cabalidad el cumplimiento de todas sus obligaciones en materia reparatoria para paliar el daño y las secuelas que las violaciones a los derechos humanos han dejado en ellas, en sus familias, en sus entornos sociales y culturales y en la propia sociedad.
Hasta tanto el Estado uruguayo no asuma formal y públicamente su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por sus órganos, sus instituciones y sus funcionarios, hasta tanto no exprese explícitamente sus disculpas formales a sus víctimas y sus descendientes, hasta tanto no haga contrición pública por las mismas y de cumplimiento a cabalidad a las recomendaciones de la normativa institucional, a pesar de todos los avances, hasta ese momento, la transición democrática será carente e insuficiente.
Una auténtica ley de reparación integral debe abordar todos los aspectos y todas las circunstancias que la comunidad internacional considera que deben ser abordadas, incluyendo el resarcimiento por los perjuicios ocasionados, tanto a nivel general como previsional que obviamente deben ser abordados cuando aún existen situaciones no resueltas o resueltas parcialmente como ocurrió con la última ley 18.033 sin que ello signifique un desmerecimiento de ella.
Como la inmensa mayoría de todos los uruguayos seguimos alimentando los sueños de un Uruguay libre, justo, soberano y democrático, con pleno y absoluto respeto a los valores y a la cultura de los DDHH. Es precisamente por ello que hemos elaborado el actual proyecto y bregamos por su efectivización en la vida del país.
El Dr. Oscar López Goldaracena les expondrá a continuación con más
detalle los aspectos más relevantes de la iniciativa que hemos elaborado y que
deseamos que Uds.individual y colectivamente, como representantes nacionales y
como comisión de DDHH apoyen y suscriban y que promuevan, tanto en el ámbito parlamentario como en el seno de los partidos políticos a que pertenecen cada
uno de Uds.
Promoviendo una ley de reparación integral como la que hemos elaborado, impulsando en todos los ámbitos una propuesta similar o mejorada estarán contribuyendo positivamente a hacer justicia con miles y miles de uruguayos, estarán trabajando activamente por afirmar una auténtica cultura de los Derechos Humanos en la vida nacional, estarán militando activamente por cerrar las heridas del pasado reciente, contribuirán a afirmar y profundizar la institucionalidad democrática y la vigencia de las leyes y trabajando activamente para que los hechos del pasado nunca más vuelvan a repetirse, para que verdaderamente Nunca Más haya terrorismo de Estado en este país.
Con ese horizonte es que trabajó, trabaja y seguirá trabajando Crysol.
Muchas gracias.
Crisol / asociación de ex pres@s polític@s del uruguay / RECOSUR
