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Concertación en picada contra Zaldívar
por proyecto de DD.HH.

Por: Angélica Meneses
La Nación - 11 de junio de 2008

Los presidentes de los partidos de la Concertación repusieron a través del Senado el proyecto que impide que sean amnistiados los crímenes de lesa humanidad. Presidente de la Cámara Baja acusó a Zaldívar de provocar conflicto constitucional entre ambas ramas legislativas.

Luego de declarar inadmisible el proyecto de ley que busca impedir que sean amnistiados los crímenes de lesa humanidad, el presidente del Senado Adolfo Zaldívar se ubicó en el blanco de las críticas de los líderes de la Concertación que hoy repusieron la iniciativa a través de la Cámara Alta.

La timonel de la falange, Soledad Alvear, dijo que “la Concertación dejó de ser mayoría en el Senado y tenemos una derecha muy dura frente a temas como este y que lamentablemente ha crecido fruto de los hechos políticos de los últimos meses”, apuntando que “nosotros vamos a trabajar por sacar adelante el proyecto y esperamos cobrarle la palabra a senadores de oposición que dicten que cuando se presente por el Senado la van a aprobar”  

Más crítico fue el timonel del PS, Camilo Escalona, quien dijo que Zaldívar ha establecido una alianza “con uno de los grupos más tenebrosos de la represión de los años ‘80, que es el que encabeza el señor (Juan Carlos) Moraga, que llamó a votar por el sí el año 88, financiado en el régimen militar con los recursos que se usaron para la campaña del sí”, refiriéndose al dirigente del Partido Regionalista Independiente (PRI) con que formaron alianza los colorines ex DC.  

Recalcó que “este grupo, que hoy está en alianza con el presidente del Senado actual, Adolfo Zaldívar, es uno de los datos básicos de la situación que se ha producido, porque estamos convencidos que esta situación no es casual, este no ha sido un error de procedimiento de Adolfo Zaldívar, esto es manifestación de la concomitancia con esos grupos ultraderechistas que alimentaron la represión en los años 80”.  

Según dijo Escalona, ello ocurre “con un objeto bastante claro y evidente que es contar con una carcasa legal para presentar candidatos a concejales en las próximas elecciones de octubre de este año”, destacando que se ha producido una “situación sin precedentes” y un “obsceno atropello a las normas con las cuales se rige el Senado”.  

El máximo líder radical, José Antonio Gómez, añadió que la declaración de inadmisibilidad de la iniciativa constituye “un hecho inédito e inaceptable en las relaciones entre la Cámara y el Senado”, recalcando que repusieron el texto a través de la Cámara Alta “con la mayor la celeridad para evitar que violadores de derechos humanos se puedan ver beneficiados por esta situación”.

Conflicto entre cámaras  

La situación constituye el primer enfrentamiento entre las dos ramas legislativas, según el presidente de la Cámara de Diputados Juan Bustos (PS), quien adelantó que se enviarán los antecedentes al Tribunal Constitucional para que defina los pasos a seguir y se pueda impedir un episodio similar en el futuro.  

“Dentro de la historia del Parlamento jamás se había producido un hecho de esta naturaleza. Esto significa contradecir la constitución, que señala que una vez aprobado un proyecto en una cámara, sea el Senado o la Cámara de Diputados, pasa a la otra cámara para su discusión”, indicó, subrayando que en este caso “hay una clara trasgresión de la Constitución por razones políticas”.  

La presidenta de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, indicó que “se han comprado un conflicto entre ambas cámaras para que la impunidad siga reinando en Chile y eso tiene que ver con una decisión por parte de la derecha, hoy en alianza con el senador Zaldívar, de no tener ningún escrúpulo ni reparo en relación a agotar cualquier instancia, aunque esta sea ilegal, para permitir la impunidad a los violadores a los derechos humanos en Chile”.  

Frei, ¿un error?  

Sin embargo, no sólo derecha e independientes estuvieron por respaldar la inadmisibilidad del proyecto, sino que también hubo un voto de la Concertación: el del senador Eduardo Frei (DC).  

La senadora Alvear sostuvo que ese voto debía corresponder a un error. “Supongo que Frei se habrá equivocado, la pregunta habría que hacérsela a él, yo supongo que fue un error”, indicó.  

Escalona dijo que quisiera que el voto de Frei constituyera una equivocación. “Yo quisiera que fuera un error, deseo fervientemente que haya sido un error. Es todo lo que quisiera opinar por ahora”.

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En presentación de proyecto contra aplicación de la amnistía a violadores de derechos humanos

Fuertes críticas a Zaldívar hacen presidentes de partidos

La Nación - 12 de junio de 2008

Concentrando los fuegos sobre el presidente del Senado, el jefe colorín Adolfo Zaldívar -expulsado de la DC a fines del año pasado-, los senadores y presidentes de partidos de la Concertación ingresaron ayer a la cámara alta un proyecto que interpreta el artículo 93 del Código Penal, para excluir de la extinción de responsabilidad penal por el beneficio de la amnistía o la prescripción a quienes hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad.

La semana pasada, Zaldívar -influido por el retirado almirante y senador UDI Jorge Arancibia- declaró inadmisible de tramitación la iniciativa, aunque ésta ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados.

La decisión del líder colorín fue ratificada anteayer por 19 contra 14 y una abstención. La razón de la mayoría es que, de acuerdo con la Constitución, las materias de amnistías e indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.

Debido a esta situación, los senadores presentaron el proyecto como obra propia. En la gestión participaron la senadora Soledad Alvear (DC), el senador Camilo Escalona (PS), el senador José Antonio Gómez (PRSD) y el senador y vicepresidente del PPD Guido Girardi.

Fueron acompañados por una delegación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que encabezó Lorena Pizarro; el presidente de la Cámara, Juan Bustos, uno de los autores del proyecto original, y los diputados Sergio Aguiló (PS), Antonio Leal y Enrique Accorsi (PPD), Sergio Ojeda (DC) y Alberto Robles (PRSD).

Alvear lamentó que se haya declarado la inadmisibilidad de una iniciativa que busca evitar la impunidad y explicó que la normativa propuesta consiste en un artículo único, que establece que "tratándose de delitos de lesa humanidad, que son por lo demás los mismos delitos que contempla el Tribunal Penal Internacional (TPI) -que, entre paréntesis no hemos logrado aprobar en este Senado por la oposición de la Alianza-, puedan ser interpretados por nuestros jueces en forma adecuada, no aplicándoles ni la amnistía, ni indulto ni prescripción".

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Derecha, Zaldívar, Flores y Frei impiden debate
contra amnistía

Recogieron petición del ex jefe de la Armada, almirante (R) Jorge Arancibia. Parlamentarios de la Concertación ingresan hoy el mismo proyecto, pero por el Senado, para cumplir con la formalidad planteada por quienes negaron el debate en sala.

Por: Jorge Escalante
La Nación - 11 de junio de 2008

Por 19 votos contra 14 de la Concertación, la derecha -junto al presidente del Senado Adolfo Zaldívar (ex DC) y los senadores Eduardo Frei (DC), Fernando Flores (Chile Primero) y Carlos Bianchi (ind.), declararon inadmisible por inconstitucional para ser debatido en sala el proyecto de ley que interpreta el Artículo 93 del Código Penal, que impediría que quienes cometieron y cometan crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad sean beneficiados con la amnistía, la prescripción o el indulto.

De esta manera Zaldívar, duramente criticado por su decisión de negar la semana pasada la discusión en sala de un proyecto que ya había aprobado la Cámara de Diputados e incluso la Comisión de Constitución del Senado, recibió el respaldo de los parlamentarios que, en el fondo -como lo han manifestado varios congresistas, agrupaciones de los familiares de las víctimas de la dictadura y abogados de derechos humanos- defienden los intereses de quienes asesinaron e hicieron desaparecer a opositores durante la opresión militar.

A favor de la inadmisibilidad por inconstitucional votaron: Andrés Allamand (RN), Jorge Arancibia (UDI), Carlos Bianchi (ind.), Carlos Cantero (ind.), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Fernando Flores (ex PPD), Eduardo Frei (DC), José García Ruminot (RN), Antonio Horvath (RN), Carlos Kuschel (RN), Hernán Larraín (UDI), Pablo Longueira (UDI), Evelyn Matthei (UDI), Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis (UDI), Baldo Prokurica (RN), Sergio Romero (RN), y el presidente del Senado Adolfo Zaldívar (ex DC).

Por admitir el proyecto al debate votaron los senadores: Soledad Alvear (DC), Nelson Ávila (independiente, ex PPD), Camilo Escalona (PS), Jaime Gazmuri (PS), Guido Girardi (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Pedro Muñoz (PS), Roberto Muñoz (PPD), Jaime Naranjo (PS), Ricardo Núñez (PS), Carlos Ominami (PS), Jorge Pizarro (DC), Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Guillermo Vásquez (PRSD). Se abstuvo el senador (DC) Hosaín Sabag.

Ante esta situación, hoy los senadores Camilo Escalona, Soledad Alvear, José Antonio Gómez y Guido Girardi presentarán el mismo proyecto de ley, pero ahora el ingreso se hará por el Senado, y no por la Cámara de Diputados como ocurrió antes.

El argumento de Zaldívar para negar el debate en sala la semana pasada, acogiendo una petición del senador y ex jefe de la Armada, almirante (R) Jorge Arancibia, fue que el inciso segundo del Artículo 65 de la Constitución dice que sólo en el Senado pueden tener origen proyectos de ley que traten de una amnistía o indulto.

Sin embargo, quienes criticaron la decisión de Zaldívar fundamentaron que el proyecto no dice relación con una amnistía ni con indulto, sino que interpreta el Artículo 93 del Código Penal para establecer explícitamente algo que siempre debió ser así. Vale decir, que quienes cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad nunca pudieron ni pueden ser beneficiados con una amnistía ni tampoco por la figura de prescripción por el transcurso del tiempo o por un indulto, como se desprende del Artículo 5 de la Constitución que trata de las convenciones internacionales que protegen los derechos humanos.

Legislacion penal internacional

Ahora, cuando el mismo proyecto será ingresado por el Senado para cumplir con la formalidad alegada por la derecha y quienes votaron con ella, se abre la verdadera cuestión de fondo: la posición que asumirá cada uno de los que ayer votaron con Zaldívar, y la del propio presidente del Senado, frente a la obligación del Estado chileno de perseguir los crímenes contra la humanidad de acuerdo a la legislación penal internacional, según el Artículo 5 de la Constitución.

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Zaldívar cuestionado
por familiares de víctimas de Pinochet

La Nación
8 de junio de 2008

Acusan al Presidente del Senado de responder al interés de la derecha en su decisión de archivar proyecto aprobado por diputados que establece imprescriptibilidad de causas por violaciones a los derechos humanos.

Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en la dictadura de Augusto Pinochet, y abogados de Derechos Humanos, criticaron la decisión del presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, de archivar un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que establece la no prescripción de crímenes de lesa humanidad como los cometidos en Chile.

La moción determina que ninguna de las causales del artículo 93 del Código Penal puede ser invocada cuando se trata de en crímenes de guerra o de lesa humanidad, por lo que no se les podría aplicar la Ley de Amnistía.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo que el líder parlamentario quiere evitar que el tema se discuta para no incomodar a la derecha, con la que mantiene estrecha relación tras ser expulsado de la Democracia Cristiana.

"Buscar una argucia nos parece de una gravedad extrema, una clara decisión política por parte de la derecha, y fundamentalmente del senador Zaldívar, en relación de instalar y solidificar la impunidad en el país", acusó.

Añadió que el proyecto que interpreta el artículo 93 del Código Penal, según todos los expertos, es un proyecto interpretativo como muchos que se ven en el Parlamento y estos jamás, dijo, han sido declarados inviables en una de las cámaras.

"Es tan grave la situación, porque además estamos viendo la decisión de una cámara de deslegitimar lo resuelto por otra de aprobar un proyecto en esta dirección. La gravedad reviste en que la comunidad nacional e internacional observan que entre los amarres vergonzosos que hubo en la dictadura precisamente está el decreto de amnistía", agregó.

En tanto, el abogado Hiram Villagra, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, apuntó que "al llegar al Senado, Adolfo Zaldívar dispuso su archivo inmediato señalando que esta iniciativa era inconstitucional".

Para ello, complementó el jurista, usó "el feble argumento que este proyecto de Ley Interpretativa del artículo 93 del Código Penal afecta la Ley de Amnistía dado que ésta, según él, tiene su origen en el Congreso".

El abogado estimó que si el titular de la Cámara Alta consideraba inconstitucional el proyecto, en vez de archivarlo, por último debió haber llevado el caso al Tribunal Constitucional.

"Zaldívar vulneró las atribuciones de la Cámara, mantuvo la impunidad, e impidió que se llegara a un debate en el Senado. Se había aprobado en la Cámara de Diputados, el Senado podría haberlo discutido, y si tenía rango anticonstitucional pudo llevarlo al Tribunal Constitucional, pero no se atrevió, quiso matar el debate allí y lo quiso hacer furtivamente", acusó.

El abogado explicó que este proyecto tuvo su origen en el caso del profesor Luis Almonacid, ejecutado en Rancagua en 1973, y al que se aplicó la amnistía, caso que fue llevado por las agrupaciones de familiares a la Corte Interamericana.

Esta instancia sentenció que hubo una violación a los DDHH, señalando que la legislación chilena es incompatible con las obligaciones internacionales, y le dice al Estado chileno que tiene que modificar sus leyes.

Villagra precisó que de allí nació, a fines de 2007, el proyecto de Ley Interpretativa del artículo 93 del Código Penal en la Cámara de Diputados con el patrocinio de los diputados Juan Bustos, Sergio Aguiló, entre otros, y allí se votó y aprobó, y subió al Senado para segundo trámite constitucional, hasta la decisión que tomó Zaldívar.