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Declaración Pública 
Violencia policial deja dos jóvenes mapuche heridos,
uno de ellos de bala

Ver también:
Nuevamente carabineros dispara contra jóvenes mapuche
Jóvenes heridos a bala y maltratados
Declaración Comunidad Autónoma Mapuche TEMUCUICUI
Dos mapuches heridos en operativo policial - TVN (video)

 

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
23 de junio de 2008

 
 
El sábado 21 de junio, precisamente cuando el pueblo mapuche inicia las celebraciones del We Xipantu o año nuevo indígena, se produjo un nuevo allanamiento de Carabineros que afectó a dos jóvenes integrantes de la Comunidad Cacique José Guiñon, en la comuna de Ercilla. Los efectivos policiales, que no mostraron orden judicial que autorizara el allanamiento, utilizaron armas de fuego contra los jóvenes, uno de ellos menor de edad, sin existir ninguna justificación para ello, dejándolos heridos, en un caso de consideración, con grave violación a derechos fundamentales reconocidos por la ley nacional y los tratados internacionales de que Chile es parte. 
 
En efecto, los hechos ocurrieron a las 13:00 horas de ese día, cuando los efectivos policiales intentaron allanar la casa de la anciana Lorenza Saravia y de su hijo el lonko de la comunidad José Cariqueo, quien el 2006 fue absuelto por la justicia de los cargos de asociación ilícita e incendio terrorista que se imputaban en su contra.

De acuerdo a la versión del lonko Cariqueo, quien no se encontraba en el lugar de los hechos, pero si en sus inmediaciones, al escuchar tres disparos de armas, regresó a su casa a ver que ocurría, encontrando allí a Jorge Mariman Loncomilla de 18 años en el suelo y sangrando profusamente de sus piernas y pies, y a Luis Marileo Saravia, de 16 años, quien presentaba un fuerte golpe en su rostro. Carabineros y un vehículo particular que se encontraba en el lugar, emprendieron la retirada sin dar mayores explicaciones.

Cabe señalar que ese mismo día el lonko Cariqueo había visto en los terrenos de la comunidad a un agricultor vecino, quien según le señaló, andaba en búsqueda de un caballo pura sangre que habría perdido, hecho por el que al parecer se habría debido la acción de Carabineros. El lonko y su familia niegan cualquier relación con la pérdida de dicho animal.

Dado su crítico estado de salud, ambos jóvenes fueron trasladados por los comuneros en carretilla hasta un bus en el que fueron llevados hasta el hospital de Collipulli, siendo derivados de urgencia al hospital de Angol por la gravedad de sus lesiones. Dicho traslado se realizó en ambulancia del SAMU, siendo escoltada en todo momento por carabineros.

Una vez en este último centro asistencial, al menor Luís Marileo Cariqueo se le diagnosticó una fractura en su mandíbula producto de un golpe con un objeto contundente. Según su testimonio, debido a un culatazo que le fue propinado en su cara con una escopeta antimotines.

Mientras que Jorge Mariman Loncomilla presentaba una fractura en su brazo izquierdo, y diferentes impactos de perdigones en sus pies. Una vez realizados los primeros exámenes, entre ellos una radiografía de las extremidades del joven, los médicos constataron la existencia de un impacto de bala calibre 38 en una de las piernas de Mariman, lo que le habría provocado una fractura.

Alrededor de las 22 horas de ese mismo día Carabineros llegó hasta el centro asistencial y procedió a esposar a los jóvenes a sus camas, pues de acuerdo a lo que éstos les informaron en ese momento, se encontrarían en calidad de detenidos. Ambos intentaron oponerse ante tan arbitraria e ilegal situación pese a lo delicado de sus heridas, pero fueron amenazados de ser sedados si mantenían dicha actitud.

Los dos menores permanecieron esposados toda la noche y continuaron así hasta el mediodía del día siguiente, medida que aparece como absolutamente desmedida tomando en cuenta su estado de salud.

Cabe destacar que estos mismos jóvenes fueron considerados como víctimas de la violencia policial en un informe sobre San Ramón que el Servicio de Salud Araucanía Norte elaboró en el 2004, repartición pública que constató el grave trauma social y las secuelas que experimentan los niños en comunidades mapuche producto de la represión y persecución policial de la que han sido objeto en le marco de los conflictos por tierras.

Una vez más condenamos el actuar represivo de los agentes policiales del estado en comunidades mapuche, el que inexplicablemente se mantiene inalterado sin que las autoridades de Carabineros, o del gobierno, se responsabilicen por estos hechos, y sin que sus autores sean sancionados por la justicia.

Cabe señalar que estos hechos son claramente constitutivos de delito de maltrato de obra contemplado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar. Además, ellos constituyen una flagrante violación a los Principios Básicos establecidos por Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1990, en particular de su artículo 5 que dispone: “Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas.”

Resultan a su vez violatorios del artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, también de Naciones Unidas (1979), que estipula que dichos funcionarios podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas.

El maltrato físico y trato degradante dado por parte de la policía de carabineros a integrantes de comunidades y organizaciones mapuche, y en particular a los defensores de derechos humanos de este pueblo, ha sido denunciado desde hace años no solo por los afectados, sino también por diversas entidades de derechos humanos, entre ellos el Relator para los derechos indígenas de la ONU en su informe de misión a Chile el 2003, y más recientemente por los Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus informes de 2007 relativos a la observación por Chile de los Pactos Internacionales de que es signatario.

En su informe, el Comité de Derechos del Niño manifestó su preocupación por la existencia de situaciones de brutalidad policial de la que son víctimas niños indígenas, instando al estado chileno a poner término a esta situación a través de acciones tanto preventivas como correctivas.

El Comité de Derechos Humanos, por su parte, manifestó su preocupación por la misma situación, pidiendo al estado "…tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables." (parág. 10)

Durante el último año el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas se ha reunido con diversas autoridades de gobierno y de la policía uniformada, entre ellos el Ministro de la Presidencia, Jose Antonio Viera Gallo; el Subsecretario del Interior, Felipe Harboe, y el ex Director de Carabineros, General Bernales, manifestándoles nuestra preocupación por la persistencia de situaciones de violencia policial en comunidades mapuche. En dichas reuniones les hemos planteado la necesidad de que adopten todas las medidas administrativas que estén a su alcance para poner término a ellos, así como procurar que los delitos cometidos por agentes policiales en contra de los mapuche no queden en la impunidad como consecuencia de su derivación a la justicia militar.

Sin perjuicio de la interposición de las acciones legales pertinentes, instamos nuevamente a las autoridades de carabineros, así como de gobierno, a adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos elementales de los mapuche, así como de toda la población que sea objeto de malos tratos policiales. Al no hacerlo están avalando un comportamiento policial reñido con los derechos humanos, que es impropio de una democracia y, más aún, con la conducta de un estado que ahora integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Santiago- Temuco

23 de junio de 2008.